El Supremo pide al Parlamento que retire la inmunidad al presidente por un supuesto caso de corrupción

MADRID 2 Jul. –

El Tribunal Supremo de Costa Rica ha reclamado a la Asamblea Legislativa que retire la inmunidad al presidente del país, Rodrigo Chaves, de cara a que pueda ser juzgado por un caso de supuesta corrupción en la contratación de consultorías con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El Tribunal de Corte Plena ha indicado tras su fallo, aprobado con 15 votos a favor y siete en contra, que la decisión debe ser adoptada para que Chaves haga frente a una acusación en torno a un contrato por valor de más de 400.000 dólares (más de 339.500 euros) financiado por el BCIE.

Así, se trata de la primera vez en la historia en la que el tribunal pide retirarle la inmunidad a un presidente en ejercicio. La corte ha pedido además que se adopte esta misma medida contra el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, acusados de estos mismos hechos, dado que era jefe de la oficina del presidente cuando tuvo lugar el supuesto contrato sospechoso.

Según las informaciones recogidas por el diario costarricense ‘La Nación’, la acusación indica que el mandatario habría pedido a un empresario el pago de 32.000 dólares (cerca de 27.160 euros) a cambio de un contrato con la Presidencia, mientras que la Fiscalía sostiene que el contrato fue hecho a medida para que la citada empresa ganara el contrato con el BCIE.

Así, Chaves es sospechoso de un delito de concusión en la contratación de la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios para la Presidencia durante el periodo entre 2022 y 2026 debido a las presuntas irregularidades durante el proceso de concesión de dicho contrato.

De esta forma, ahora será la Asamblea Legislativa la que tendrá que formar una comisión que emita una recomendación al pleno, donde podría retirarse la inmunidad si la petición recibe al menos 38 votos a favor. En caso contrario, el caso seguiría abierto y el presidente podría ser juzgado una vez concluya su mandato.

El Código Penal de Costa Rica contempla penas de entre dos y ocho años de cárcel contra cualquier funcionario que «abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial».