El Supremo de EEUU decidirá si la orden de Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento es constitucional

MADRID 6 Dic. –

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aceptado pronunciarse sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la Constitución desde el siglo XIX.

Los jueces del Supremo, en su mayoría conservadores, decidirán previsiblemente en el mes de junio tras escuchar los argumentos de las partes si el decreto de Trump, emitido el mismo día en el que asumió el cargo, es constitucional, según ha recogido la cadena CNN.

La Decimocuarta Enmienda establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen». Este derecho fue consolidado en 1898 gracias al caso de Wong Kim Ark, hijo de inmigrantes chinos al que se le negó la entrada al país en virtud de la Ley de Exclusión China de 1882.

La Administración Trump ha promovido la interpretación restrictiva de la frase «sujeto a jurisdicción» con el objetivo de limitar este derecho a los hijos de inmigrantes en situación irregular, argumentando que los padres no son leales a Estados Unidos por haber nacido en un país extranjero.

La directora legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Cecilia Wang, ha recordado que «ningún presidente puede cambiar» la Decimocuarta Enmienda, aludiendo a que la Constitución solo puede ser modificada si los cambios son aprobados por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y ratificada por tres cuartas partes de los estados.

«Los tribunales federales han dictaminado de forma unánime que la orden ejecutiva del presidente Trump es contraria a la Constitución, a una decisión de la Corte Suprema de 1898 y a una ley promulgada por el Congreso», ha señalado Wang en un comunicado.

A diferencia del derogado fallo Roe contra Wade, que blindaba el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos, la ciudadanía por nacimiento goza en la actualidad de amplio consenso legal y no ha tenido un historial de disputas judiciales debido, en parte, a la claridad del lenguaje de la citada enmienda.