Autoridades de medio país demandan al Gobierno de Trump por ligar fondos de emergencia a cooperar en inmigración

Acusan al Ejecutivo de «obligar a los estados a modificar sus procedimientos electorales y a colaborar en la aplicación de la ley federal de inmigración»

Una coalición formada por autoridades de 24 estados de Estados Unidos, así como del capitalino distrito de Columbia, han iniciado este jueves una demanda contra la Administración de Donald Trump por la decisión de supeditar la concesión de miles de millones de dólares en fondos federales para emergencias y desastres naturales a que los estados faciliten listas de votantes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y a colaboren con éste en inmigración.

«Una vez más, la Administración Trump amenaza con poner en peligro la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones de dólares en fondos esenciales; y una vez más, no saldrán impunes», ha declarado en un comunicado el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, que lidera el grupo de 24 fiscales generales y de los gobernadores de Kentucky, Andy Beshear, y Pennsylvania, Josh Shapiro, ambos demócratas.

En el citado texto, Neronha ha acusado a la Casa Blanca de «utilizar la seguridad de los estadounidenses como moneda de cambio al intentar coaccionar a los estados para que renuncien a su derecho constitucional a promulgar políticas y leyes que beneficien a sus residentes».

Además, ha defendido, «el Congreso asignó estos fondos a los estados para la preparación y respuesta ante emergencias, incluyendo la lucha contra el terrorismo y los desastres naturales, y el poder ejecutivo no tiene autoridad legal en este asunto».

«Los fondos federales de emergencia no pueden ni serán rehenes de los estados que se resisten legítimamente a los intentos ilegales del Presidente de obligarlos a cumplir. Nos aseguraremos de ello», ha espetado.

ACUSAN A TRUMP DE FORZAR A LOS ESTADOS A COOPERAR EN INMIGRACIÓN

Las condiciones impugnadas en la demanda, expone el comunicado, «obligarían a los estados a modificar sus procedimientos electorales, incluyendo la transmisión al Departamento de Seguridad Nacional de listas de todos los votantes registrados, y a colaborar con este último en la aplicación de la ley federal de inmigración». «También permitirían al DHS cancelar cualquier subvención federal en cualquier momento y por cualquier motivo», agrega.

En concreto, acusan a la Administración Trump de buscar imponer condiciones que «obligarían a los estados a destinar sus escasos recursos policiales a ayudar al DHS en la aplicación de la ley federal de inmigración». «Estas condiciones fueron declaradas ilegales y un juez de distrito las suspendió el año pasado», subraya el texto.

Además, la política en cuestión incluye una cláusula por la cual Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) podrían «retener el 20% de los fondos estatales para la lucha contra el terrorismo si los estados no modifican su legislación electoral para ajustarla a los objetivos políticos de la Administración», aquejan las autoridades demandantes.

En concreto, «los fiscales generales afirman que estos requisitos obligarían a los estados a abandonar años de trabajo y millones de dólares invertidos en sus sistemas electorales, todo ello para obtener fondos no relacionados que el Congreso había destinado a la prevención de atentados terroristas», destaca el documento.

Los requisitos introducidos por el DHS y la FEMA para no retener esa quinta parte de la financiación, describen los denunciantes, «obligarían a los estados a pasar a sistemas de papeletas de papel, a realizar una auditoría manual obligatoria del 5% de los sistemas de votación, a cotejar los datos de los votantes y las papeletas utilizando una metodología que el DHS no ha revelado, y a utilizar el sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Prestaciones (SAVE) del DHS para verificar la ciudadanía de todos los trabajadores electorales y de todos los votantes registrados en las bases de datos electorales estatales».

Adicionalmente, aducen, las autoridades federales pretenderían «añadir una condición que permitiría a la FEMA rescindir cualquier programa de subvenciones por cualquier motivo». «Esta constante amenaza de rescisión socava la estabilidad y la fiabilidad de las que dependen estos programas cruciales para su eficacia», han argumentado.

Estas exigencias afectan a «miles de millones de dólares en fondos, incluyendo más de mil millones de dólares del Programa de Subvenciones para Seguridad Nacional, que los estados utilizan para apoyar medidas de seguridad y proteger a los residentes del terrorismo, los ciberataques y otros delitos», acusa la coalición de fiscales y dos gobernadores.

En concreto, participan en esta demanda los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, además del fiscal general Neronha, de Rhode Island, y los gobernadores de Kentucky y Pennsylvania.

El de este último estado, el demócrata Josh Shapiro, ha confirmado que demandará «a la Administración Trump por retener millones de dólares destinados a la seguridad pública con el fin de hacerse con el control de nuestras elecciones».

«Donald Trump está amenazando activamente la seguridad de nuestras comunidades y privando de recursos a nuestros agentes de las fuerzas del orden y a los servicios de emergencia, en un intento por hacerse con el control de nuestro sistema electoral», afirma en una publicación en redes.

«Retener esta financiación sería peligroso en cualquier circunstancia, pero hacerlo con el objetivo de controlar nuestras elecciones supone caer aún más bajo, incluso para Donald Trump», ha espetado, defendiendo que «los habitantes de Pensilvania se merecen líderes que protejan su seguridad y su derecho al voto».