Luis Arce señala que no trató con Zapatero «ningún litigio judicial» en Bolivia para mediar con una empresa peruana

Dice que su relación con el expresidente español fue «institucional» por la crisis en el partido MAS aunque desconoce su agenda en Sucre

El expresidente de Bolivia Luis Arce ha señalado que no trató con José Luis Rodríguez Zapatero «ningún litigo judicial» con la empresa peruana Grupo Gloria tras el informe de la Policía española que apunta que el exlíder socialista recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 como «contraprestación económica» del conglomerado para mediar con la administración boliviana por causas judiciales que tenía abiertas en este país.

En un comunicado, Arce, en prisión preventiva desde diciembre por desvío de fondos durante su etapa como ministro de Economía, ha negado además estar involucrado en «ningún tráfico de influencias que haya favorecido» a Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE), la compañía del Grupo Gloria con sede en Bolivia, ni ninguna «otra empresa privada».

Asimismo, ha afirmado que su relación con el expresidente español se circunscribe al ámbito institucional y político. Según ha explicado, «las últimas conversaciones» que mantuvo con Zapatero fue en el marco «de los esfuerzos realizados por miembros del Grupo de Puebla para mediar en la crisis interna» por la que atravesaba el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2025.

Arce ha detallado que en esa reunión con Zapatero en La Paz, en el año 2024, «abordó la coyuntura política boliviana, las posiciones intransigentes» del expresidente Evo Morales, y «el planteamiento de unidad del movimiento popular» que habían propuesto junto a organizaciones sociales y sindicales, «anteponiendo los intereses del pueblo a cualquier interés político personal».

«No se trató ningún litigio judicial de SOBOCE», ha zanjado Arce, que también ha indicado después que desconoce la agenda que mantuvo Zapatero en Sucre, la capital de Bolivia.

El exmandatario latinoamericano ha respondido de esta manera al informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se intervinieron decenas de conversaciones entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, donde el exdirigente socialista le indicó cuestiones como que «hay que hablar con el presidente de Bolivia», en ese momento Luis Arce.

En concreto, esa alusión consta en una conversación incorporada en un informe que la UDEF ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Plus Ultra’, José Luis Calama, y que los investigadores vinculan con un pago de 200.000 euros que el expresidente habría recibido como «contraprestación económica» por intermediar con el Ejecutivo de Bolivia para «beneficiar los intereses» de la empresa peruana Grupo Gloria, que mantenía litigios económicos con el Gobierno boliviano.

El informe precisa que el pago se justificó con «un contrato simulado con una sociedad interpuesta», llamada Focus Social Research, por la «prestación de servicios de asesoría» e indican que el exlíder socialista realizó gestiones para conseguir una reunión a directivos del Grupo Gloria con autoridades bolivianas.

Los investigadores hacen hincapié en que el procedimiento judicial seguido era contra una empresa de ese grupo peruano en Bolivia, Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE), por competencia desleal tras una demanda presentada por la Fábrica Nacional de Cementos (FANCESA). El Grupo Gloria es un conglomerado de empresas con base en Lima, la capital peruana, y con inversiones en varios países de Sudamérica en diversos sectores, como alimentos, cemento, agroindustria, papeles y cartones y transportes.

DICE QUE EL CONFLICTO CON GRUPO GLORIA NO FUE EN SU GOBIERNO

En este contexto, Arce ha asegurado que el conflicto de la administración boliviana con Grupo Gloria no se generó durante su gobierno, añadiendo que en noviembre de 2023, «Bolivia obtuvo un laudo de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) que se declaró sin jurisdicción para conocer la reclamación de USD 269,4 millones, al concluir que SOBOCE era una empresa local boliviana y no un inversionista extranjero a efectos del tratado bilaterial Perú-Bolivia».

«Este resultado cerró esa vía específica, pero no extinguió la controversia relacionada a la compensación al Grupo Gloria por la expropiación de las acciones de FANCESA», ha apuntado Arce, que señala que el conflicto subsiste «y debe canalizarse por las vías que en derecho correspondan».

Asimismo, ha recordado que el ex procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, durante su gobierno «impugnó públicamente» la resolución del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ) que concedió la tutela en una acción de amparo constitucional planteada por SOBOCE en 2025.

«Si mi gobierno hubiese tenido algo que ver con esa resolución judicial, como falsamente se está pretendiendo señalar, la Procuraduría que representa los intereses del Estado no habría rechazado ni combatido ese mismo fallo con una posición absolutamente clara», ha justificado, para después indicar que el caso está actualmente en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) desde julio de 2025, «y aún continúa sin sentencia». Dicho esto, ha aclarado que «no se ha realizado ningún tipo de liberación de pago a SOBOCE en relación a este caso con FANCESA».

LA PRESUNTA INTERMEDIARIA «NO INTEGRÓ» SU GOBIERNO

Los investigadores señalan que Ana María Ospina, directiva del Grupo Gloria, tuvo una participación activa en la suscripción del contrato entre Zapatero y la sociedad supuestamente instrumental. Asimismo, sitúan como intermediaria en el proceso a Carmen Almendras, que fue embajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015.

Sobre Almendras, Arce ha aclarado que «fue embajadora durante los gobiernos de Evo Morales», pero no integró ningún cargo en su etapa al frente de la Presidencia de Bolivia. Según ha relatado, ocupó funciones en la gobernación de Chuquisaca.

«Toda denuncia debe ser investigada bajo estrictos parámetros del derecho internacional y en el marco de lo estipulado por nuestra Constitución política del Estado para evitar arbitrariedades y condenas anticipadas», ha denunciado Arce, que ha reclamado además «la obligación legal de realizar una investigación imparcial, objetiva y que respete la presunción de inocencia». «Por lo tanto, exijo que la investigación se lleve adelante bajo estos principios sin sacar conclusiones que más parecen condenas anticipadas con fines políticos», ha añadido.

Por último, Arce ha mostrado plena disposición de «cualquier autoridad judicial» para colaborar en esta investigación y cualquier otra. «No me he escapado, no tengo nada que ocultar, respeto la independencia de los órganos del Estado y no estuve ni estoy involucrado en ningún tráfico de influencias que haya favorecido a SOBOCE o alguna otra empresa privada», ha zanjado.