
PSOE propone tipificar como delito los ‘deepfakes’ sexuales y crear un registro de deudores por impago de pensiones
Publicado 16 Nov 2026 18:53
Recupera en su programa electoral la abolición de la prostitución, la ley de trata y el blindaje del aborto
El PSOE propone tipificar como delito los ‘deepfakes’ sexuales y crear un registro público de deudores por impago de pensiones de alimentos, alquileres o cuotas hipotecarias vinculadas a la vivienda familiar.
Según se desprende del programa electoral del PSOE, consultado por Europa Press, aboga por adaptar el Código Penal a la inteligencia artificial generativa tipificando como delito específico la creación y difusión sin consentimiento de deepfakes sexuales.
En esta misma línea, plantea ampliar la Ley Integral contra la Violencia de Género a las violencias digitales fuera del ámbito de la pareja o expareja.
Igualmente, apuesta por establecer medidas cautelares y penas digitales, incluyendo la prohibición de acceso a redes sociales y servicios de mensajería utilizados para delinquir, así como órdenes de alejamiento digital. También prevé imponer sanciones a las plataformas que no retiren de inmediato contenidos íntimos no consentidos o que moneticen la violencia machista.
Por otro lado, recupera en su programa iniciativas legislativas que quedaron pendientes en la última legislatura, como la aprobación de una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional y una Ley Orgánica contra la Trata de Seres Humanos, además de impulsar la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto.
En este sentido, quiere aprobar una Ley Orgánica contra la Trata de Seres Humanos, y una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional, prohibiendo el proxenetismo en todas sus formas y reconociendo a las personas prostituidas como víctimas con plenos derechos.
Asimismo, apuesta por impulsar un Programa Estatal de Liberación, Protección y Reparación para mujeres víctimas de servidumbre por deudas en el sistema prostitucional, garantizando alojamiento «seguro», apoyo económico, asistencia jurídica y psicológica, alternativas laborales y protección «efectiva» de sus derechos.
De la misma manera, los socialistas proponen culminar la reforma del artículo 43 de la Constitución, iniciada en 2026, para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en igualdad en todo el territorio, junto con el blindaje jurídico del matrimonio igualitario y la eutanasia.
ANIMALES DENTRO DE LA VIOLENCIA VICARIA
En el ámbito de la lucha contra la violencia machista, promete también la aprobación de una Ley Orgánica contra la Violencia Vicaria -en la que propone incluir además a los animales de compañía- y la ampliación de las ayudas a los huérfanos de la violencia de género hasta los 26 años.
El bloque de igualdad se completa con la creación de un Cuerpo Superior de Especialistas en Políticas de Igualdad en la Administración y un Observatorio sobre Violencia Política contra las Mujeres para proteger a políticas, periodistas, activistas y creadoras de contenido.
También apuesta por culminar la reforma del Código Penal para penalizar las llamadas ‘terapias de conversión’, garantizar la Ley LGTBI como «suelo común» de derechos en todas las comunidades autónomas e incorporar al Código Civil la figura de la ‘unión de amistad’ para dar amparo legal y beneficios a personas que asuman un compromiso mutuo de cuidados sin vínculo de pareja o parentesco.
500 MILLONES PARA EL PLAN DE INTEGRACIÓN
En lo que respecta a la migración, el PSOE contempla el despliegue del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 con una dotación inicial de 500 millones de euros, «para favorecer la integración y la convivencia, promoviendo la igualdad de derechos, el cumplimiento de las obligaciones y la participación de las personas migrantes en la sociedad».
Entre las medidas más destacadas del documento figuran la creación de una Unidad de Apoyo a la Infancia Migrante -dotada de equipos multidisciplinares en protección infantil, atención psicosocial, mediación intercultural y asesoramiento jurídico- para asistir de urgencia a las comunidades autónomas ante la llegada de menores, junto con un itinerario común en todo el Estado para acompañar a los jóvenes extutelados en su transición a la vida adulta.
También quiere impulsar un sistema de acogida «digno, robusto» y una protección internacional «efectiva», así como agilizar la homologación de títulos extranjeros para facilitar la inserción laboral.
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