La ley para disolver asociaciones franquistas llega al Pleno del Congreso, donde requiere mayoría absoluta

Servirá para frenar a la Fundación Franco si se transforma en asociación

La reforma de la Ley que regula el derecho de asociación, impulsada por el PSOE para abrir la puerta a la disolución de entidades que hagan apología del franquismo, llegará este jueves al Pleno del Congreso, donde, al tratarse de una ley orgánica, requerirá de mayoría absoluta (176 votos) para ser aprobada, por lo que los partidos del Gobierno no pueden perder a sus aliados. Salvado ese trámite, el texto será remitido al Senado para continuar su tramitación.

En concreto, el Pleno votará el dictamen aprobado el pasado 25 de marzo por la Comisión Constitucional, que salió adelante con el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu, mientras que el PP y UPN se abstuvieron y Vox votó en contra.

La reforma busca dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que data de octubre de 2022, y que ya preveía la modificación de la ley de asociaciones en este sentido.

La norma afecta sólo a asociaciones, ya que en el caso de las fundaciones como la Fundación Franco, los intentos de disolución siguen otro camino, pues dependen del Ministerio de Cultura que encabeza Ernest Urtasun, de Sumar, que inició los trámites previos el pasado mes de junio. No obstante, ante la posibilidad de que la fundación intente transformarse en asociación para evitar su extinción, el PSOE optó por impulsar en paralelo la reforma de la Ley de Asociación, según han explicado fuentes parlamentarias.

En concreto, se va a incluir en la ley vigente una disposición adicional en la citada norma para incluir como causa de disolución «la realización de actividades que constituyan apología del franquismo», bien «ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior», «enalteciendo» a sus dirigentes, siempre que «concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas» del golpe, la guerra o la dictadura o con «incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

Y, además, se deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral, toda vez que el éste se prevé sólo a efectos de publicidad.

La iniciativa original subrayaba que la disolución tendrá que realizarse mediante resolución judicial y que corresponderá al Ministerio Fiscal «el ejercicio de la acción en este tipo de procesos», pero en la fase de ponencia se introdujo una nueva vía para esa disolución. Fue a través de una enmienda transaccional pactada por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG que abría la puerta a la disolución por la vía penal.

«El Ministerio Fiscal valorará el ejercicio de la acción penal de disolución por delitos relativos a derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al delito de asociación ilícita, cuando concurran supuestos de incitación al odio o a la violencia», recoge esa transaccional a la que tuvo acceso Europa Press.

Además, la enmienda permite reconocer la «legitimación activa» en esta materia a las asociaciones, entidades o personas jurídicas que tengan como fines la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del golpe de estado de 1936 y de la dictadura».