
La fiscal de sala de violencia sobre la mujer apuesta por un abordaje integral de la violencia vicaria
Publicado 15 Dec 2025 13:24
BADAJOZ 15 Dic. –
La fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer, María Eugenia Prendes Menéndez, ha destacado la importancia de un abordaje integral de la violencia de vicaria, tanto desde el punto de vista judicial, como sanitario o educativo.
«El sistema judicial tiene que ser la última vía. Yo siempre lo digo, el derecho penal es la última frontera. Todo esto hay que pararlo antes, antes de llegar al derecho penal, porque en definitiva el derecho penal interviene cuando todo lo anterior ha fallado», ha señalado para referirse sobre esto último a las áreas de la sanidad, la educación o los servicios sociales, «a todo lo que hay», porque «cuando todo falla, pues ya se llega a una situación de desprotección y ahí entras en el derecho penal, pero ya como último paso».
De esta manera se ha pronunciado en declaraciones a los medios con motivo de su participación en las jornadas ‘Violencia viaria en Extremadura. Una mirada jurídica y sanitaria para una realidad multidisciplinar’ que se celebra este lunes en Badajoz y en relación a la cual ha resaltado que son «muy necesarias y muy complementarias» y ve «el complemento imprescindible» y un «acierto» tratarlo desde la parte jurídica y la sanitaria.
En este sentido e interpelada por cómo se puede avanzar en el ámbito jurídico, ha indicado que aplicando las leyes y «venciendo resistencias muchas veces», tras lo que ha dicho que el país tiene «muy buenas» leyes, pero con una «aplicación deficiente y muchas veces con una dotación económica deficiente».
Así y en relación a si son los recursos económicos los que impiden que se avance, ha explicado que éstos pero también «a veces mentalidades, a veces estereotipos», aunque en todo ello también se avanzaría con formación teniendo a disposición recursos económicos. Desde luego, ha precisado, desde la Fiscalía General del Estado «sí que hay un compromiso muy fuerte» y «muy decidido» con la formación, sobre todo de los fiscales y en programas de género o transversales que abarcan y tocan todas las materias.
Al respecto, ha aseverado que «incluso» a partir de este año hay un curso online que va a ser obligatorio para todos aquellos fiscales que vayan a llevar temas de género, «lo cual es también muy importante».
Cuestionada también por cómo se puede mejorar esa aplicación de la ley para proteger a las víctimas, tanto a las de violencia de género como a sus hijos y ante casos de violencia vicaria, Prendes ha puesto el foco en que los instrumentos con los que se cuentan «son buenos» y «son los mejores».
Acto seguido, ha detallado que España es pionera en esta materia, y que vienen desde muchos países de Europa o de Sudamérica «interesadísimos» en cómo, pese a que las cifras de mujeres asesinadas «sigan siendo tremendas», «sí que se ha conseguido rebajar en todos estos años» estos datos «poco a poco», cuando en 2024 se cumplieron 20 años de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
En cuanto a la violencia vicaria, ha remarcado que nos enfrentamos a este problema «desde hace unos años», pero que se tiene un aprendizaje previo y se sabe también que la forma de abordarlo «tiene que ser siempre con un enfoque integral» y «desde luego» en relación al aspecto sanitario, al ser «los que están en un primer contacto para dar la voz de alarma».
Por ello lo ve «importantísimo», como también el sistema educativo tiene a su juicio un papel destacado, puesto que en relación con los menores «la obligación incumbe a todo el mundo» para que se conozca que pueden estar «en una situación de peligro, de desprotección», en aras asimismo de ponerlo en conocimiento de los organismos y autoridades pertinentes.
«Es algo que nos incumbe a todos, y desde luego también al sistema educativo. La cuestión es estar preparados y tener una formación específica para saber, advertir esos indicadores que puedan sugerirnos que un menor está en una situación de riesgo», ha profundizado.
Al mismo tiempo y preguntada por si, de contar con un sistema de protección de los menores más fuerte, podrían aumentar también las denuncias, la fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer ha expuesto que «desde luego que la cifra de la infradenuncia es tremenda» y ha considerado que en este caso «claro» que se incrementarían.
«Si se ve que realmente acudes a un procedimiento judicial o a un juzgado, y que allí te escuchan, te atienden, te protegen, se disponen de medidas que sean ágiles, que sean eficaces, pues yo creo que naturalmente las mujeres se atreverán cada vez más a denunciar», ha explicado, mientras que sobre el hecho de que algunas decidan no hacerlo para proteger a sus hijos ha sostenido que «el sistema en ocasiones es perverso o se retuerce».
A continuación, ha incidido en que «lo que pasa muchas veces con los derechos de las mujeres» es que «lo que parece que es un avance o algo a su favor se convierte de modo perverso en algo que va en su contra», razón por la cual «siempre» se tiene que estar «atentos» y «alertas», y «el sistema judicial tiene que ser la última vía».
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