La Eurocámara pide que las fuerzas de seguridad en primera línea contra el narco se reconozcan de «alto riesgo»

BRUSELAS 17 Sep. –

El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este jueves más medios y financiación para endurecer la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, incluido con un mayor intercambio de información entre las autoridades aduaneras, policiales y judiciales, al tiempo que han defendido que aquellas fuerzas en primera línea sean reconocidas como profesiones «de alto riesgo» en la UE.

El texto, adoptado con 601 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, alerta de que las redes del crimen organizado cada vez están más «interconectadas y organizadas», por lo que ven necesaria una respuesta integral y coordinada en toda la UE.

En concreto, pide más apoyos para las fuerzas y cuerpos de seguridad tanto a nivel comunitario como nacional, en particular para garantizar que trabajan de forma segura aquellos que se encuentran en primera línea, que necesitan contar con los medios acuáticos, la equipación, el entrenamiento, el personal y la protección legal necesarios.

Además, aboga por impulsar el intercambio de información entre las autoridades aduaneras, policiales y judiciales y pide que Europol, Eurojust, Frontex y la Agencia Europea de Seguridad Marítima refuercen las operaciones conjuntas en aguas de la UE.

También apuntan los eurodiputados a una mayor cooperación, incluido el intercambio de información en tiempo real, con el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Estupefacientes (MAOC-N), una iniciativa conjunta de ocho Estados miembro de la UE y Reino Unido.

Finalmente, la resolución no vinculante adoptada en Estrasburgo (Francia) reclama una respuesta global que incluya también la cooperación con terceros países, por ejemplo estrechando lazos con África Occidental para abordar el tráfico y las rutas de tránsito, el desarrollo de medios para los países de tránsito y la colaboración con China para abordar los precursores de drogas. También debe mejorarse la capacidad operativa de Europol y Eurojust, en opinión de los eurodiputados.