El TSJM archiva la querella de Nacho Cano contra la jueza que le investigó por ‘Malinche’

MADRID 9 Oct. –

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha archivado la querella interpuesta por el productor Nacho Cano contra la exjueza Inmaculada Iglesias por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación a la instrucción de la investigación que dirigió por supuestas irregularidades en su espectáculo ‘Malinche’.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que los magistrados declaran su falta de competencia para conocer del asunto y acuerdan su archivo, sin perjuicio de que la querella se pueda presentar ante el órgano judicial correspondiente.

La Sala esgrime que la jueza ha perdido su condición de aforada por su jubilación forzosa, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 9 de agosto.

La querella aportaba como documental la grabación de la declaración de la subinspectora de trabajo que elaboró el informe de la inspección llevada a cabo el día 27 de junio de 2024, clave para que el caso se archivara.

La querella se presentaba meses después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordara el archivo provisional del caso al entender los magistrados que los imputados no trataron de introducir a los ciudadanos mexicanos que vinieron a España a representar el musical de forma clandestina.

La Sala determinó que de lo actuado se desprendía una falta de indicios suficientes de comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y de los extranjeros, con independencia de que «cumplan o no los requisitos administrativos a valorar en otra jurisdicción, lo cual es ya entrar casi en una investigación prospectiva que no corresponde al Juzgado».

En la querella, la defensa de Cano exponía que el atestado policial que dio origen a la causa se basó en premisas erróneas, como «la indebida aplicación de la legislación vigente y la consideración de los estudiantes como trabajadores ilegales».

«A partir de esas premisas erróneas, se elaboró un atestado plagado de irregularidades, en el que se practican todo tipo de actuaciones» policiales» con el único fin de proceder a la detención de mi representado», señalaba.

Los letrados detallaban que hay 17 denuncias por delitos de coacciones, amenazas, falsificación de documento público (atestado) relacionadas con el procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción número 19, dado que «las irregularidades existentes en dicho atestado y en la actuación policial determinan para esta representación, un grave delito contra la administración de justicia que solo puede acreditarse si se instruye conjuntamente». Pese a ello, la jueza rechazó las inhibiciones formuladas por los juzgados sobre los que recayeron estas denuncias.

Añadía la defensa que «se ha encontrado con serias dificultades para ejercer el derecho de defensa consagrado en el artículo 24 CE, no solo por la denegación constante de esta representación a acceder y practicar las diligencias de prueba que considera necesarias, útiles y pertinentes en los hechos que se investigan, sino porque la parcialidad de la juez, aquí querellada es notoria».