El Gobierno acepta considerar víctimas a las comunidades de montes vecinales expropiadas por el franquismo

MADRID 20 Sep. –

Las comunidades de los montes vecinales en mano común que fueron intervenidas, ocupadas o directamente expropiadas por parte de Patrimonio Forestal del Estado durante el franquismo podrán ser reconocidas como víctimas de la dictadura.

Así lo ha reconocido el Gobierno en una repuesta al diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, quien se interesó por si los afectados por esas usurpaciones tienen o no cabida en la Ley de Memoria Democrática.

Rego preguntó al Ejecutivo si puede compensarse a estas comunidades de montes comunales que, especialmente en Galicia, fueron objeto de «represión y saqueos» y si se pueden «declarar nulos y sin efecto, de pleno derecho, todos los actos y transacciones jurídicas» realizados en esos montes hasta 1980.

En su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno recuerda que la Ley de Memoria Democrática promueve la reparación moral y la recuperación de la memoria «personal, familiar y colectiva» de quienes padecieron persecución durante la dictadura franquista, y contempla como víctimas entre otras, «a las personas que sufrieron represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes».

ENCAJAN «SIN DIFICULTAD»

Para ello, la Administración General del Estado adoptará las medidas y actuaciones necesarias para el conocimiento y conmemoración de los hechos representativos de la memoria democrática, y realizará acciones tendentes a restablecer la dignidad de las víctimas y a difundir lo sucedido mediante acciones como el reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, o actos conmemorativos y homenajes públicos.

También, reseña que la misma norma establece que serán objeto de medidas específicas de reconocimiento y reparación «aquellas entidades represaliadas por la dictadura», citando entre ellas genéricamente a partidos políticos, sindicatos, corporaciones locales, minorías étnicas, asociaciones feministas de mujeres, instituciones educativas o culturales u otras personas jurídicas.

El Ejecutivo entiende que entre dichas entidades «tendrían encaje sin dificultad» las comunidades de montes, que podrían ser consideradas víctimas en tanto sus tierras fueron «usurpadas ilegítimamente».