El GRECO advierte a España de que no ha cumplido sus recomendaciones sobre asesores y la reforma del aforamiento

Lamenta que la regulación de los ‘lobbies’ aún no se ha materializado y censura que no incluya la obligación de publicar las agendas

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa avisa a España de que no ha dado cumplimiento a sus recomendaciones sobre la regulación de los asesores políticos ni tampoco sobre la reforma de la figura del aforamiento. También lamenta que la regulación a los grupos de interés o ‘lobbies’ todavía no se ha materializado y ha dejado fuera la obligación de hacer públicas las agendas entre lobistas y altos cargos.

En su informe de 2019, el GRECO recomendó a España reforzar el régimen aplicable a los asesores, equiparando las exigencias sobre transparencia e integridad al de los altos cargos con funciones ejecutivas, pero considera que a día de hoy no ha sido implementada, según el informe de seguimiento de estas medidas, al que ha tenido acceso Europa Press.

No obstante, admite que el Gobierno ha dado algunos pasos en esta materia, en concreto en el llamado ‘Plan de Acción para la Democracia’, que incluye iniciativas en esta línea: como el acatamiento de estándares de idoneidad, obligación de buena reputación y de contar con la formación adecuada para el puesto.

La ley elaborada por el Gobierno también incluye medidas relativas al régimen de exclusividad y un catálogo estricto de incompatibilidades, así como la obligación de hacer públicas las declaraciones de actividades y de bienes y también los salarios y las agendas de estos asesores políticos. Todas ellas obligaciones equiparables a altos cargos públicos como ministros o parlamentarios.

Sin embargo, el GRECO concluye que la ley todavía no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y por tanto no ha podido evaluarlas, de modo que no puede dar por cumplido este objetivo de regular la labor de los asesores.

Por otro lado, advierte al Gobierno de Pedro Sánchez de que no ha cumplido otra de las recomendaciones que le hizo en 2019, la reforma de los aforamientos para que esta figura no dificulte los procesos judiciales contra miembros del Gobierno acusados de corrupción.

En el informe señala que las autoridades españolas hacen referencia a varias reformas acometidas por distintas entidades subnacionales pero ningún cambio a nivel estatal, que es el objeto de esta evaluación, apuntan.

El Ejecutivo alega que el aforamiento no exime de responsabilidad a las personas investigadas sino que deja la instrucción en manos del Tribunal Supremo. En todo caso, el organismo observa que no ha habido avances tangibles para adoptar esta recomendación.

Respecto a la regulación de los ‘lobbies’, el GRECO señala que los esfuerzos para regular los grupos de interés todavía «no se han materializado en la práctica» y lamenta que el requisito de publicación de las agendas de los altos cargos que se reúnan ellos sigue siendo una cuestión pendiente. Incluso llega a hablar de «oportunidad perdida» por no incluir esta obligación en la ley que se está tramitando.

Aunque celebra la aprobación del anteproyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés el pasado mes de enero, subraya que la medida todavía sigue en tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y no ha sido aprobada.

También reprocha que la ley está solo centrada en los lobistas y no presta mucha atención a los altos cargos que mantienen reuniones con ellos y que pueden ser objeto de influencia.

Por otro lado, detecta avances parciales en algunas medidas como la transparencia y el acceso a documentos oficiales «desde la entrada en vigor del convenio del Consejo de Europa» sobre la materia, aunque todavía expresa su preocupación por los «largos plazos de respuesta» y las dificultades para el acceso público.

En este sentido, señala que el Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno ha ganado mayor independencia aunque todavía está pendiente de aprobación legislativa su plena capacidad sancionadora.

Asimismo, considera que las restricciones al empleo para las personas que han desempeñado un cargo político, las llamadas ‘puertas giratorias’ y los requisitos de declaración financiera, necesitan ser reforzados.

En concreto, en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados. En ese sentido señala que la Oficina de Conflictos de Interés sigue careciendo de una verdadera independencia y presupuesto propio.