El Gobierno avisa que proteger el monumento a Franco de Tenerife va contra la ley y promete actuar

MADRID 2 Abr. –

El Gobierno defiende que la propuesta del Cabildo de Tenerife para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) autonómico el monumento de homenaje a Francisco Franco, obra de Juan de Ávalos, el mismo del Valle de los Caídos, es «incompatible» con las «obligaciones» que establece la Ley de Memoria Democrática respecto a la retirada de símbolos franquistas. En este contexto, se compromete actuar cuando tenga oportunidad ante las maniobras de PP y CC para intentar salvar la escultura conocida como ‘el ángel’.

Así lo asegura el Ejecutivo, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, con el que responde a las cuestiones planteadas sobre este particular por el portavoz de Justicia de Sumar y diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago.

Para el también secretario general del PCE, el proceso de declaración de Bien de Interés Cultural autonómico supone «un flagrante caso de fraude de ley» en relación con las normas sobre memoria tanto estatal como autonómica.

«Se trata de actos realizados al amparo del texto de una norma que persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico y contrario él, y se deben considerar ejecutados en fraude de ley y no impedir la debida aplicación de la norma que se trata de eludir», argumenta Santiago en su iniciativa.

En su respuesta, a la que ha tenido Europa Press, el Gobierno argumenta que no puede recurrir el acuerdo de inicio de incoación del procedimiento para la declaración del conjunto escultórico como bien de interés cultural porque se trata de «un acto de trámite que no prejuzga el resultado del expediente».

Eso sí, subraya que la Delegación del Gobierno en Canarias ha solicitado la personación en el procedimiento, esgrimiendo que la eventual declaración de la mencionada escultura como BIC, «es incompatible» con las «obligaciones» recogidas el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática.

Este precepto define estos elementos como los adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura o de sus dirigentes y obliga a las administraciones públicas a adoptar las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos.

En este contexto, el Gobierno garantiza que «actuará en todo cuanto puede afectar a la consecución de los fines propios respecto del conocimiento, protección, identificación, divulgación y contextualización de los lugares, hechos, personas y acontecimientos contrarios a la memoria democrática» así como ante las medidas tendentes a «limitar las obligaciones legales de retirada de símbolos contrarios a la memoria democrática».

La ley ‘indulta’ a los elementos contrarios a la memoria democrática que tengan un «singular valor artístico» y «formen parte de un bien integrante del Patrimonio Histórico Español», pero deja claro que en esos casos tendrá que «incorporarse una mención orientada a la reinterpretación de dicho elemento conforme a la memoria democrática».

En 2022 el Cabildo de Tenerife –gobernado entonces por el PSOE y CC– rechazó una declaración de BIC ya que técnicos de Patrimonio y expertos de la Universidad de La Laguna habían descartado que hubiera valores artísticos que obligasen al mantenimiento del monumento.

Pero el actual gobierno impulsó el expediente alegando el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que estimó el recurso presentado por una asociación contra la decisión inicial del cabildo de no declarar el momento bien de interés cultural.

Se trata de la Asociación para la Investigación del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que también recurrió el catálogo de vestigios franquistas de Canarias aprobado en su momento por el gobierno del entonces presidente autonómico, el socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Memoria Democrática.