Compromís propone subir durante seis años los impuestos a las empresas beneficiadas por la trama de Montoro

«Cuando tengamos una ley de secretos oficiales decente seguramente también haya caso Juan Carlos I», advierte el diputado Alberto Ibáñez

Compromís ha propuesto este martes que las grandes empresas supuestamente favorecidas por el caso de corrupción vinculado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro paguen más impuestos durante seis años –los mismos en los que presuntamente actuó dicha trama– como medida de reparación fiscal.

Según ha explicado el diputado de la formación en el Congreso, Alberto Ibáñez, la subida afectaría a los sectores estratégicos que se beneficiaron de la amnistía fiscal y de los «perdones tributarios» impulsados por Montoro, en un contexto en el que «se recortaban subsidios, pensiones y servicios públicos a las familias».

Ibáñez ha denunciado que estas empresas, «que luego tienen la cara de hablar de paguitas», fueron en realidad las principales beneficiadas por decisiones que costaron más de 3.200 millones de euros a las arcas públicas.

«La investigación apunta que Montoro y sus amigos lograron ayudas por 50 millones de euros, el equivalente a lo que un trabajador cobrando el salario mínimo percibiría en 3.000 años», ha criticado el parlamentario, que ha calificado los hechos como «un escándalo mayúsculo».

En ese sentido, Compromís plantea cinco medidas urgentes para hacer frente a lo que ya se conoce como el ‘caso Montoro’, entre ellas la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el funcionamiento del Ministerio de Hacienda durante aquellos años, la aceleración de una ley de ‘lobbies’ «potente, a la europea», y el refuerzo de los equipos de inspección fiscal centrados en perseguir el fraude de las grandes compañías.

«La arquitectura austericida del señor Montoro impidió que los ayuntamientos pudieran invertir en servicios públicos y vivienda», ha indicado el diputado, que también ha lamentado que PP y PSOE rechazaran en comisión una propuesta de Compromís que permitiría a los consistorios utilizar 38.000 millones de euros actualmente inmovilizados en cuentas bancarias.

Finalmente, ha señalado que el «caso Montoro» se suma a otros escándalos de corrupción y ha advertido que «cuando se tenga una ley de secretos oficiales decente seguramente también haya caso Juan Carlos», en referencia al rey emérito. A su juicio, todos ellos reflejan que la corrupción «se institucionalizó en nuestro país por las grandes empresas».