Bruselas recuerda que la regularización no da derecho a los migrantes a circular libremente por la UE

BRUSELAS 6 May. –

La Comisión Europea ha recordado ante el Parlamento Europeo que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por España no otorga a los beneficiarios libertad de circulación ni de residencia en el conjunto de la Unión Europea, y que quienes se encuentren en otro Estado miembro sin autorización deberán regresar al país que expidió su permiso.

También ha señalado que corresponde al Gobierno español verificar si los solicitantes de residencia suponen un riesgo para la seguridad y si se adaptan o no, y que son los propios Estados miembro quienes deben evaluar el impacto de la medida sobre sus servicios públicos y su sistema de seguridad social.

Así lo ha señalado un representante del Ejecutivo comunitario en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, en respuesta a una petición de una ciudadana española sobre el impacto de la regularización inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas en situación irregular.

El portavoz comunitario ha reconocido que «las acciones de un Estado miembro pueden tener un efecto en los demás Estados de la Unión», dado que España forma parte del espacio Schengen. Sin embargo, ha aclarado que «un permiso de residencia en un Estado miembro no da el derecho a establecerse libremente en la Unión Europea», sino que únicamente habilita a vivir y trabajar en ese territorio concreto.

«Una persona que tiene un permiso de residencia emitido por un Estado miembro se encuentra ilegalmente en otra parte de la Unión Europea, en otro país, esa persona tiene que volver al Estado que emitió el permiso de residencia», ha puesto como ejemplo el portavoz.

Durante del debate de la petición, que el Parlamento ha decidido mantener abierta a la espera de una respuesta escrita de la Comisión, la peticionaria ha alertado de que la medida adoptada por España podría facilitar movimientos secundarios dentro del espacio Schengen y debilitar los esfuerzos colectivos en materia de control de fronteras exteriores, en contradicción con el espíritu del Pacto migratorio europeo.

PP, PSOE Y VOX, ENFRENTADOS

Por su parte, el eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido ha advertido de las «consecuencias directas» sobre el espacio Schengen y sobre la credibilidad del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo de lo que ha definido como «la mayor regularización de inmigrantes irregulares de la historia del país», aprobada «a espaldas del Parlamento, a espaldas de Europa y vulnerando los compromisos firmados por el propio Gobierno».

También ha criticado que para acceder a la regularización baste con acreditar cinco meses de permanencia en España y presentar una declaración responsable sobre la ausencia de antecedentes penales, algo que, a su juicio, «choca» con el Código de Fronteras Schengen reformado en 2024 y con el reglamento europeo de control fronterizo, que exigen verificaciones «rigurosas, biométricas e individuales».

Sobre el asunto también se ha referido el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar, defendiendo la medida como «congruente con el histórico de la propia Unión Europea de regularizaciones», recordando que en los últimos 25 años se han practicado hasta 40 procesos similares en distintos Estados miembro, los más recientes en Italia en 2020 y Portugal en 2021.

El eurodiputado socialista ha rechazado que la regularización suponga una amenaza para la seguridad o para los servicios públicos, y ha argumentado que la evidencia demuestra que los migrantes contribuyen «muchísimo más de lo que obtienen» de la red pública. Ha subrayado además que la medida cuenta con el respaldo de patronal, sindicatos, el Consejo Económico y Social y cerca de 900 organizaciones no gubernamentales.

En este sentido, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha sostenido que la regularización «es una maniobra política» de Pedro Sánchez para «continuar la alteración del censo electoral y preparar un gran fraude para las próximas elecciones de 2027».

Según su opinión, «cientos de miles de extranjeros han entrado en España sin que nadie les obligue a volver a casa» sin que se conozca «su pasado, sus antecedentes en el país de origen, sin acreditar medios económicos» y pasando a «vivir directamente de los impuestos de la España productiva». «Es mentira que estén trabajando, porque en España para trabajar necesitas el permiso de residencia», ha concluido.