Vox C-LM carga contra la prohibición de usar vehículos históricos con más de 30 años para actividades agrícolas

TOLEDO, 17

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha denunciado la reciente decisión del Gobierno de prohibir el uso de vehículos históricos con más de 30 años para actividades agrícolas. Esta medida se enmarca en el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por el Consejo de Ministros, que actualiza una normativa para adecuarla a la legislación europea actual.

Moreno ha criticado «duramente» esta decisión, señalando que las directrices que pactan en Europa PP y PSOE afecta de manera directa a los agricultores de Castilla-La Mancha que dependen de estos vehículos para el desarrollo de sus actividades. «Una vez más la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y toda esa política globalista y progresista de Europa impone normativas que perjudican a los castellanomanchegos sin tener en cuenta las particularidades de nuestra región», ha declarado.

El reglamento, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, establece la prohibición general de utilizar estos vehículos lo que, en palabras de Moreno, representa «un nuevo golpe a nuestros agricultores, que ya sufren una grave crisis económica y ahora se ven obligados a prescindir de herramientas vitales para su trabajo». Asimismo, ha criticado que esta medida se implemente apenas 15 días después de que finalice el plazo para solicitar las ayudas del Plan Renove, lo que dificulta aún más la situación para los afectados.

Además, esta normativa europea «pone la pelota en el tejado de los ayuntamientos, a quienes Europa insta a establecer fórmulas en sus ordenanzas municipales para hacer cumplir esta norma en sus respectivos municipios».

En esta misma línea, ha recordado que Vox Castilla-La Mancha presentó, en el mes de julio, una iniciativa defendiendo a los profesionales del campo que están teniendo problemas para trabajar con sus tractores porque la legislación no admite la homologación de sus cabinas en las inspecciones anuales y exigiendo una compensación para los agricultores y ganaderos que han sido perjudicados por esta regulación.