VIDEO: Galicia, Castilla-La Mancha y Valencia urgen al Gobierno reformar la financiación: «Hace falta voluntad política»

SANTIAGO DE COMPOSTELA/TOLEDO 20 May. –

Los responsables de Hacienda de los gobiernos de Galicia, Castilla La Mancha y Valencia han urgido este martes al Gobierno la reforma del sistema de financiación autonómica, para lo que han reclamado voluntad política para actualizar un modelo que ven «caduco».

El conselleiro de Facenda de la Xunta, Miguel Corgos; el responsable de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina; y la consejera de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, han lanzado este mensaje durante su participación en unas jornadas sobre financiación autonómicas organizadas por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde) en la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

En declaraciones a los medios, el conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia ha pedido al Gobierno central responsabilidad y búsqueda de consenso para reformar un sistema de financiación autonómica que está «superado y es insuficiente».

Miguel Corgos ha considerado necesario que «el Gobierno central presente un nuevo modelo, en lugar de seguir sosteniendo discusiones infinitas sobre elementos concretos de la financiación, buscando la división de territorios» cuando, según ha apuntado, la realidad es que todas las comunidades están «infrafinanciadas».

El conselleiro de Facenda ha reivindicado un modelo negociado de forma multilateral, en el que cada comunidad exponga sus necesidades y esté dispuesta a hacer cesiones para llegar a un pacto que permita una financiación estable y suficiente para todas.

Corgos ha dicho que Galicia no está sola en esta postura, sino que 14 gobiernos autonómicos urgen al Ejecutivo estatal que proponga una reforma que permita mejorar su financiación. Una propuesta que, en su opinión, no tiene que salir de las Comunidades, sino del Gobierno central para después ser debatida y acordada pro el conjunto de las autonomías.

El conselleiro ha sostenido que esta tarea se puede hacer a través del análisis de qué ingresos de la hacienda pública estatal deben financiar los sistemas públicos autonómicos y cómo repartirlos para garantizar una financiación equitativa de los servicios que deben prestar las comunidades.

Ante el lanzamiento de una consulta previa sobre la propuesta del Gobierno central de la asunción de la deuda de las comunidades, Corgos ha recordado que para Galicia el volumen de deuda no es un problema, debido a las políticas de responsabilidad fiscal desarrolladas en los últimos 15 años.

Además, ha advertido de que si se logra aprobar la mutualización de la deuda, los problemas autonómicos pendientes pasarán a segundo plano ‘sine die’, lo que, conforme ha señalado, «perjudicará a todas las comunidades».

El responsable de Facenda ha insistido en que el objetivo común tiene que ser el de contar con un mapa de servicios y cuantificar de forma adecuada el coste de la prestación de cada territorio. Además, ha sostenido que el modelo actual «no aporta los recursos prometidos en 2009, cuando se aprobó».

Una parte del éxito del futuro sistema se apoya «sobre la correcta estimación de la variable de población ajustada», sobre la que se reflexiona en estas jornadas.

Para Miguel Corgos «no hay duda de que esta variable tiene que recoger los costes reales de la prestación de los servicios públicos, teniendo en cuenta factores que influyen en la estimación, como la dispersión o el envejecimiento de la población».

En este sentido, ha señalado que Galicia tiene un 26,6% de personas de más de 65 años (frente al 20,4% de España) lo que junto con la elevada dispersión en la comunidad supone un déficit de recursos de 500 millones al año.

El conselleiro se ha referido a la Declaración de Santiago, firmada a finales de 2021 por ocho comunidades como el «mejor ejemplo» de que «pese a las legítimas diferencias, basadas en necesidades particulares», las comunidades pueden llegar a unos mínimos comunes para desbloquear la revisión del sistema y conseguir más recursos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Por su parte, el responsable de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que el actual sistema «esta caduco» tras «más de diez años sin que el Gobierno central», de ningún color político, «haya puesto interés en renovarlo».

«No lo hizo el PP cuando tenía mayoría absoluta, cuando no había demandas ni solicitudes por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP de incitar ese nuevo modelo, y no lo está haciendo el Gobierno actual de Pedro Sánchez, que está más preocupado por solucionar la financiación de Cataluña», ha señalado.

Frente a ello y en un contexto en el que considera que hay coincidencia entre las comunidades en la necesidad de reformar el actual sistema, ha puesto en valor la «coherencia» del gobierno de Castilla-La Mancha que tanto con los gobiernos del PP como con los del PSOE «reclama la necesidad de modificar» un modelo que «claramente perjudica» a la comunidad manchega.

Y es que, según ha indicado, esta «ausencia» en la aprobación de un nuevo modelo para Castilla-La Mancha significa que tiene que hacer un «esfuerzo muy superior al de otras comunidades» para prestar servicios fundamentales como la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Un «sobreesfuerzo» que, según ha apuntado, «se está financiando en muchos casos con endeudamiento». «Por eso somos una de las comunidades autónomas que, en términos de PIB, tiene el mayor porcentaje de deuda respecto a la riqueza regional», lo que provoca que «no podamos destinar recursos a otras políticas de desarrollo regional».

«Por lo tanto, la modificación del sistema de financiación es absolutamente urgente», ha incidido para añadir que todos los que debaten sobre el asunto están «de acuerdo con el diagnóstico», que parte de una «insuficiencia clara de recursos para financiar los servicios».

Por todo ello, ha considerado que el Gobierno debe poner interés incluso en aprobar un fondo transitorio, mientras no se apruebe un nuevo modelo, que compense a las comunidades autónomas que están «muy por debajo de la media».

Además, ha incidido en que el nuevo modelo debe ser liderado por el Estado en un contexto en el que las regiones han demostrado que son capaces de llegar a acuerdos. «Lo único que hay que poner sobre la mesa es una propuesta que podamos debatir entre todos», ha dicho.

Por su parte, la consejera valenciana Ruth Merino ha sostenido que la reforma del modelo actual se trata de una cuestión de «voluntad política» que deben tener tanto la Ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su intervención, ha afiramdo que «más de 5 millones de valencianos» llevan «más de dos décadas perjudicados» por un sistema «caduco» que es «insuficiente, que no es igualitario», que es «injusto y lastra la prestación de los servicios públicos fundamentales».

«A los valencianos nos cuesta un esfuerzo superior a muchos otros españoles, lo que hace que incurramos continuamente en un déficit que está desbordado, una deuda que es insostenible», ha lamentado.

Así las cosas, también ha criticado que «a día 20 de mayo» su comunidad aún no tenga la seguridad por parte del Gobierno central de que va a recibir la inyección del liquidez que aporta el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).