Una madre denuncia «episodios de violencia» de un alumno en Olías y Educación defiende haber actuado de manera inmediata

TOLEDO 9 Feb. –

Marta Vázquez, madre de una niña de 6 años que cursa 1º de Primaria en el CEIP Pedro Melendo García en el municipio toledano de Olías del Rey, ha denunciado «episodios de violencia» protagonizados por un alumno que el pasado septiembre llegó nuevo al centro. Por parte de la Consejería de Educación defienden haber actuado «de manera inmediata y continuada» desde el primer momento en que la Inspección de Educación tuvo conocimiento de la situación.

«Golpes, empujones, patadas, lápices clavados en el cuello, mochilas rotas, meriendas pisoteadas o niño saltando por encima otros», es la situación que relata esta madre, unos hechos que están sufriendo menores –asegura– y que considera de «extrema gravedad».

«Tras meses de silencio y respuestas evasivas» por parte de la administración educativa, Marta se ve obligada a acudir a los medios de comunicación para dar visibilidad a esta situación que comienza en septiembre a los pocos días de comenzar el curso.

Esta madre, que ha enviado escritos a la dirección del centro, a Inspección, Delegación Provincial, incluso al consejero de Educación, Amador Pastor, y al propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se niega a cambiar a su hija del colegio y se pregunta «dónde termina la inclusión y empieza el derecho a la seguridad».

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que a los pocos días de comenzar el curso, los niños empiezan a contar en casa «episodios de violencia protagonizados» por un alumno nuevo. Días después –reseña Marta– se produce «un episodio de tal violencia» en el aula que la profesora «ordena» al resto de niños «salir corriendo», mientras los menores «huyen gritando» por el pasillo pidiendo ayuda.

Al día siguiente, varios padres acudieron al centro. Tras insistir de forma contundente fue atendida por la dirección. Ante «la falta de soluciones», acudieron a Inspección Educativa, donde «inicialmente incluso se nos intenta negar la atención». «Sin respuestas claras», esta madre comenzó a presentar escritos formales, contratar abogada, y algunos niños (incluida su hija) comienzan atención psicológica «por miedo al colegio».

En el centro, según esta madre, se mueven recursos de otras aulas para que en esta clase siempre estén entre dos y tres adultos presentes. Tras mucho insistir, Marta consiguió finalmente una reunión presencial con el delegado Provincial de Educación, José Gutiérrez.

A finales de octubre y principios de noviembre se incorpora una PT (Maestro de Pedagogía Terapéutica), primero a media jornada, algo que esta madre tilda de «insuficiente», y después a jornada completa, momento en el que –admite Marta– la situación se «contiene» parcialmente.

En enero, a la vuelta de las vacaciones, el recurso vuelve a reducirse y «la situación se descontrola de nuevo». «Se producen nuevas agresiones», afirma esta madre, que añade que hay una denuncia formal por agresiones y presencia de la Guardia Civil en el centro. Inclusión reconoce, según Marta, que «no estaba al tanto de la gravedad real».

Como «agravante», continúa esta madre, recientemente se ha incorporado otra alumna «con conductas agresivas» en la misma aula, por cuestiones de ratio.

Actualmente, según Marta, el alumno en cuestión está la mayor parte del tiempo fuera de clase, «por su estado de ansiedad». Desde el centro, asegura esta madre, «no consiguen controlarlo porque ningún método les está funcionando». «El propio centro reconoce estar desbordado».

Su hija, y le consta que más niños, han ido a psicólogos para gestionar el miedo, y para aprender a entender y gestionar lo que les estaba sucediendo. «Me han dicho que apenas juega en el recreo y que hay días que permanece triste y aislada, pegada a una cuidadora. Una familia ya ha cambiado a su hijo de centro. Yo me niego a hacerlo», apostilla esta madre.

Marta solicita «transparencia y comunicación directa», y lamenta que durante todos estos meses lo único con lo que se ha encontrado es con «un profesorado que apoya en privado pero no puede hacerlo oficialmente», con una dirección que por escrito muestra una versión y fuera de los cauces oficiales otra muy distinta; y con responsables políticos que ofrecen como solución cambiar a los niños de colegio.

«No busco culpabilizar a ningún menor ni señalar a profesionales concretos», quiere dejar claro esta madre, que defiende «la inclusión educativa, pero no una inclusión sin recursos que pone en riesgo a otros niños». «La pregunta que nadie responde es ¿dónde termina el derecho a la inclusión y empieza el derecho de una niña de 6 años a su seguridad física y emocional?», concluye.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes niega que haya existido «silencio institucional ni falta de acción», al tiempo que defiende haber actuado «de manera inmediata y continuada» desde el primer momento en que la Inspección de Educación tuvo conocimiento de la situación.

«Desde el primer momento en que la Inspección de Educación tuvo conocimiento de la situación, se ha actuado de manera inmediata y continuada, asesorando al centro, realizando seguimiento sistemático de las medidas adoptadas y manteniendo reuniones con representantes de las familias», aseguran a Europa Press fuentes de la Consejería.

Además, defienden que «no ha existido silencio institucional ni falta de acción», como demuestra que el delegado provincial, José Gutiérrez, recibió personalmente a las familias y propuso la dotación de un recurso completo de Pedagogía Terapéutica (PT), que finalmente se concedió y permanece en el centro, «sin haber sufrido ninguna reducción, contrariamente a lo indicado en la denuncia».

Desde Educación indican que todos los escritos presentados han sido contestados «en tiempo y forma», si bien en ocasiones las respuestas no coincidan plenamente con las expectativas de la familia. Esto es consecuencia, dejan claro desde la Consejería, de que las actuaciones del centro deben garantizar los derechos, la seguridad y el bienestar de todos los alumnos, equilibrando necesidades diversas y «velando por los principios de inclusión, equidad y no discriminación».

El centro, según explica la Consejería, aplica un plan específico de intervención, supervisado por la Inspección y apoyado por el equipo de orientación, trabajando con la tutora y el grupo-clase para garantizar «un entorno educativo seguro, organizado y adecuado para todo el alumnado».

«Las medidas se implementan paso a paso, con seguimiento y valoración de su efectividad, incluyendo intervenciones pedagógicas y de apoyo emocional para el alumnado afectado, atendiendo su bienestar. La presencia de adultos adicionales en el aula se organiza de manera profesional y coordinada, adaptándose a las necesidades concretas de cada situación».

La percepción de que el centro está «desbordado» no se corresponde con la actuación profesional del centro, que actúa de manera sistemática, sostenida y coordinada, manifiestan desde el departamento dirigido por Amador Pastor.

Desde Educación subrayan que cada menor presenta circunstancias diferentes, por lo que la información específica sobre intervenciones individuales «no puede trasladarse a otras familias», respetando la intimidad y los derechos de los menores. No obstante, los aspectos generales de la intervención y los recursos aplicados –dicen desde la Consejería– se han comunicado de manera directa a las familias, a través de sus representantes, «garantizando transparencia sin comprometer la confidencialidad».

Por otro lado, desde la Consejería de Educación, dejan claro que la escolarización de la alumna recientemente incorporada se ha realizado «conforme a la normativa vigente», y su integración en el aula está siendo evaluada y acompañada individualmente, con seguimiento del impacto en la convivencia del grupo.