UGT ve «insostenible» que la Junta lleve «más de 30 años» sin un plan de prevención en riesgos laborales

TOLEDO 9 Nov. –

UGT considera «insostenible» que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lleve más de 30 años, en concreto 31, sin un plan de prevención de riesgos laborales y que organismos como el Sescam tengan un plan de prevención de más de dos décadas.

Cuando se cumple el aniversario de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (salió adelante el 8 de noviembre de 1995) y con motivo de la declaración en este 2026 del Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo en España, el sindicato afirma que en la región «tenemos poco que celebrar».

La Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Servicios Públicos de Castilla-La Mancha recuerda que las intoxicaciones del servicio Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo siguen sin solucionarse, «dos años después»; que en Educación tan solo se cuenta con una médica y una enfermera a nivel regional para más de 30.000 docentes; y que los servicios de prevención de riesgos laborales no están bien dimensionados y precisan de plantillas proporcionales al número de centros de trabajo y de personas trabajadoras». Añadía que «esta realidad es inaceptable e incomprensible».

UGT Servicios Públicos exige en nota de prensa «dignidad» para la seguridad y la salud laboral de los empleadas y empleados públicos, así como el del personal de las empresas concesionarias que gestionan servicios públicos en nuestra región. Insiste en que la salud laboral constituye «un derecho fundamental e irrenunciable».

«La legislación vigente impone la obligación ineludible de contar con un diagnóstico de salud laboral y un Plan de Prevención de Riesgos Laborales permanentemente actualizado. Sí, permanentemente actualizado».

Dicho diagnóstico, según el sindicato, debe incorporar de forma transversal la perspectiva de género y edad, atendiendo al envejecimiento activo de las plantillas. Asimismo, debe contemplar la discriminación retributiva y otras discriminaciones laborales como un factor de riesgo psicosocial determinante en la salud laboral. «Son situaciones que hay que analizar rigurosamente y que afectan a colectivos altamente feminizados como es el caso del sector de los cuidados, las escuelas infantiles o la escala sociosanitaria, entre otros».

Por otro lado, UGT apuesta por unos servicios 100% públicos y no por la gestión pública-privada a la que invita la Ley de Simplificación Administrativa ya que «la mejor fórmula para garantizar la salud y seguridad de las personas trabajadoras». «Las condiciones laborales precarias, enferman y matan. No es posible el progreso social con centros de trabajo cada vez más precarizados». El sindicato ha hecho un llamamiento a secundar la huela del 11 de noviembre ya que «también luchamos por nuestra salud».