UGT manifiesta su rechazo a la Ley de Simplificación Administrativa de C-LM y señala que «podría ser inconstitucional»

TOLEDO 10 Abr. –

UGT Servicios Públicos ha manifestado este jueves su rechazo al proyecto de Ley de Simplificación Administrativa aprobado esta semana en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, argumentando que supondrá la privatización de servicios públicos y la creación de dos administraciones paralelas. Unos componentes, han advertido, que «podría estar incurriendo en una inconstitucionalidad».

La central sindical ha criticado, asimismo, que el proyecto haya sido aprobado «de manera unilateral, sin ningún tipo de acuerdo ni de consenso con las organizaciones sindicales», y, además, «mirando hacia otro lado ante el contundente informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, el cual advierte de que se podría estar incurriendo en una inconstitucionalidad».

Desde UGT Servicios Públicos han señalado que esta ley, si finalmente pasa el trámite parlamentario y es aprobada, podría suponer «la creación de una administración paralela de pobres y ricos, de quiénes puedan pagar tasas a las entidades colaboradoras, por la autopista, y de los que no, por las carreteras comarcales, usando un símil geográfico», según han trasladado a través de una nota de prensa.

En esta línea, han añadido que se estaría atentando contra la garantía de unos servicios públicos objetivos y de calidad, privatizándose, mediante las entidades colaboradoras, unas funciones que son potestad de los funcionarios públicos.

En la misma línea, han argumentado que con la puesta en marcha de las unidades administrativas de apoyo, también reflejadas en el proyecto, se alterarían las reglas del juego en cuanto a lo recogido en la Ley de Empleo Público para la creación de puestos de trabajo propios de funcionarios públicos, en la que es parte imprescindible la negociación previa de la parte sindical.

«En UGT llevamos tiempo denunciando la pirámide invertida en la que se está convirtiendo nuestra administración regional. Mesa tras mesa de negociación la Dirección General de Función Pública no escatima en puestos de asesores de gabinete, altos cargos, libre designación pero para los puestos bases, en su mayoría, se provee de programas temporales que, solo en el mejor de los casos, pasan a ser de estructura. Para otros, con peor suerte, nos pasamos años y años reclamando su imperiosa necesidad», han afirmado desde el sindicato.