UGT C-LM exige medidas preventivas y un registro de agresiones ante el aumento de la violencia en las aulas

TOLEDO 6 May. –

UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha denunciado este miércoles el aumento de los episodios de violencia en las aulas, una realidad que –según apunta– ha dejado de ser algo aislado para acabar afectando al trabajo cotidiano de muchos centros educativos.

El sindicato exige medidas más contundentes y centradas en la prevención, en la revisión de las condiciones laborales y organizativas y en el apoyo al profesorado y al resto de personal, ha informado en nota de prensa.

En rueda de prensa y acompañada por el secretario de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, José Antonio Montero, la responsable de Salud Laboral de la federación a nivel regional, Estrella Fernández, ha señalado que, cada vez con mayor frecuencia, el clima de convivencia en las aulas se ve afectado por situaciones de violencia.

Por lo que ha considerado necesario registrar y analizar todas ellas –la violencia digital (acoso online, grabación sin consentimiento, amenazas), la simbólica (como la intimidación o la invasión del espacio), la económica (daño a bienes)– y no únicamente la verbal y la física.

Añade que las medidas más efectivas son las que actúan con carácter preventivo y están enfocadas a la mejora de los procedimientos, la organización y las condiciones laborales. «Debemos actuar no solo desde la gestión cuando ya ha ocurrido el hecho, sino también a través de medidas preventivas que las eviten y con un mayor apoyo hacia el profesorado».

«La violencia contra el profesorado no es un problema aislado; es un riesgo laboral que debe prevenirse y como riesgo laboral debe atajarse desde la prevención de riesgos laborales, tal y como establecen las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo», ha subrayado.

UGT pone el acento en que, más allá de las agresiones físicas, todo ello tiene un fuerte impacto en la salud mental de los profesionales, traduciéndose en ansiedad, estrés, carga mental y emocional, desgaste profesional.

Estrella Fernández reclamaba que estas situaciones sean abordadas desde lo organizativo y la revisión de las condiciones laborales: sobrecarga de trabajo, centros saturados o deteriorados por falta de mantenimiento, estrés térmico, falta de personal, de tiempos y espacios para atender adecuadamente a familias y estudiantes, reducción de burocracia…

«Tenemos que caminar hacia plantillas suficientemente dimensionadas para atender la diversidad, las necesidades educativas y la salud mental de nuestros estudiantes. Está demostrado que la mejora en las condiciones de trabajo reduce las situaciones de frustración», ha indicado.

A este respecto las propuestas planteadas por UGT Servicios Públicos pasan por la puesta en marcha de un protocolo específico frente a la violencia externa para todos los centros educativos de Castilla-La Mancha que, incluya un ambicioso protocolo de prevención.

De hecho, el sindicato va más allá y considera que una medida de seguridad sería contar con el mismo protocolo de violencia externa en centros de trabajo de todos los servicios públicos o concertados de Castilla-La Mancha: Enseñanza, Junta de Comunidades, Sescam, residencias de mayores, pisos tutelados, ayuda a domicilio, etc.

Pide igualmente un sistema obligatorio y homogéneo de registro de agresiones y situaciones conflictivas que permita conocer la dimensión real del problema, analizar las causas y desarrollar las medidas preventivas; apoyo jurídico y psicológico inmediato para las personas trabajadoras que sufran agresión; formación específica en gestión de conflictos y prevención de la violencia; así como medidas estructurales de adecuación de las plantillas, reducción de ratios y la inclusión de más figuras de apoyo como los educadores sociales y los auxiliares técnicos educativos.

Por último, la responsable de Salud Laboral de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha daba cuenta de los riesgos que está suponiendo el uso de móviles y de las redes sociales al facilitar en algunos casos situaciones de acoso o difusión de vídeos grabados en clase que están siendo objeto de denuncias crecientes por parte del profesorado y del resto de profesionales.