WWF celebra la condena por la muerte de una hembra de lince en Menasalbas, pero dice que es «insuficiente» a nivel penal

WWF España ha celebrado la sentencia que condena a un cazador por matar de un disparo a la hembra de lince ‘Nenúfar’ en Menasalbas (Toledo), aunque considera que el castigo es «insuficiente» a nivel penal.

La sentencia –que aún no es firme y puede recurrirse– condena al acusado por imprudencia grave en un delito contra la fauna a una multa de 1.440 euros –cuatro meses a razón de 12 euro diarios–, inhabilitación para caza durante tres años y pago de responsabilidad civil (por la reparación del daño) a la Junta de Castilla-La Mancha en la cantidad de 100.800 euros.

La organización, que considera que la sentencia es importante en cuanto a responsabilidad civil, pedía una condena mayor al considerar que no debería haber quedado sólo en imprudencia grave, sino en un delito doloso y que habría que haberle condenado no sólo por la muerte de Nenúfar, sino también por el cachorro encontrado muerto.

Por todo ello, tras personarse como acusación popular en el caso, solicitaba tres años de prisión, cinco años de inhabilitación para la caza y 270.000 euros de indemnización por responsabilidad civil.

«Desde WWF, celebramos que se condene al culpable por disparar a Nenúfar. Es intolerable que todavía se produzcan este tipo de crímenes contra especies protegidas tan valiosas como el lince ibérico. Disparar a un lince es un delito contra la fauna. Además, en el caso de Nenúfar, estaba criando a cuatro cachorros, por lo que consideramos que es aún más grave», explica Silvia Díaz, técnica del programa de Especies de WWF España.

La sentencia acredita que, en junio de 2019, el acusado disparó al lince en Toledo, causándole la muerte mientras cazaba zorros ilegalmente con la licencia caducada. En el momento de su muerte, ‘Nenúfar’ estaba criando a cuatro cachorros que, se sospecha, que tampoco sobrevivieron.

La hembra de lince ibérico ‘Nenúfar’ fue encontrada el 14 de junio de 2019 en el municipio de Menansalbas por un agente medio ambiental gracias a la geolocalización del dispositivo GPS de su collar. Había sido reintroducida en febrero de 2017 dentro del Proyecto de recuperación de la especie en los Montes de Toledo.

En el momento de su muerte estaba criando a cuatro cachorros. Uno fue hallado muerto pocos días después por los agentes medioambientales, y los otros tres, que no se lograron encontrar, se sospecha que tampoco sobrevivieron al no poder valerse por sí mismos.

A raíz del hallazgo de los agentes medioambientales, la Guardia Civil del Seprona logró localizar e identificar al acusado. Éste reconoció que se encontraba cazando zorros en el coto en el día y lugar de los hechos, sin embargo, sus versiones han ido cambiando.

Según WWF, en una primera declaración, reconoció haber disparado a un animal que creyó que era un zorro pero que pudo equivocarse; y posteriormente negó cualquier tipo de error, afirmando que disparó sobre un zorro.

No obstante, en su investigación el Seprona no encontró restos de ningún zorro disparado y la munición encontrada en el cuerpo del lince era similar a la que estaba utilizando el acusado.

Según los resultados de la necropsia, la hembra de lince ibérico había fallecido por un disparo y el cachorro que encontraron murió de hambre y deshidratación, ya que dependía de la madre para alimentarse.

Desde la organizacíón ambientalista indican que los delitos contra la fauna silvestre no son menores: son devastadores para la biodiversidad, especialmente cuando afectan a especies amenazadas, como es este caso.

«A pesar de su gravedad, este tipo de casos tardan mucho en llegar a juicio y, por desgracia, existe una gran impunidad para los delincuentes, especialmente en casos de caza ilegal. Además, las sentencias no siempre son lo suficientemente disuasorias. A pesar del impacto de estas muertes, la mayoría de estos delitos quedan impunes o nunca se llegan a conocer, ya que se estima que se detecta menos de un 10% de las muertes de lince por estas causas», denuncian.

Por ello, WWF propone mejorar la normativa a través de una adecuada transposición de la Directiva Penal Ambiental que consiga luchar de manera más eficaz contra este tipo de delitos para que no queden impunes.

La organización ambiental recuerda que España debe incorporar esta Directiva a su legislación nacional antes del 21 de mayo de 2026.