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Publicado 12 Jun 2026 11:52
TOLEDO 12 Jun. –
La central sindical UGT de Castilla-La Mancha ha reclamado este viernes «proteger a las personas trabajadoras de los efectos del repunte de la inflación» tras conocer los dato del IPC del mes de mayo hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística.
El sindicato ha subrayado que la inflación en un 3,3% en Castilla-La Mancha se sitúa por encima de la media nacional que se encuentra en el 3,2%, situando a la región como la quinta con la inflación más alta.
El sindicato ha apuntado al mantenimiento de la presión al alza del transporte, reclamando medidas para controlar el aumento del precio en este sector.
«Las medidas adoptadas por el gobierno, y en particular las reducciones de alguno impuestos como el de la electricidad, han tenido un efecto puntual indudablemente positivo. Pero desde el pasado 1 de junio varias de esas medidas han dejado de estar vigentes», ha señalado la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa.
«Desde UGT consideramos que de no prorrogarse o adoptarse medidas adicionales, esta situación podría añadir nuevas presiones sobre los precios en los próximos meses, que castigarían esencialmente a los hogares más vulnerables, que tienen menor capacidad para adaptarse a los cambios bruscos de costes», ha añadido.
Por otra parte, la central sindical ha reclamado consolidar una referencia mínima del incremento salarial del 4% para el periodo 2026-2028, «en línea con las propuestas sindicales planteadas para la negociación de un nuevo AENC». «Estas propuestas contemplan, además, la posibilidad de incorporar incrementos adicionales de hasta un 3% en función de la brecha existente entre el salario medio pactado en convenio y el salario medio del conjunto de la economía», ha señalado Carrascosa.
La responsable de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales del sindicato ha insistido en que también es necesario seguir impulsando la extensión de las cláusulas de garantía salarial, como instrumento fundamental para proteger el poder adquisitivo de las personas trabajadoras frente a desviaciones de la inflación en un contexto de gran incertidumbre sobre la evolución de los precios.
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