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Publicado 13 Nov 2026 10:53
TOLEDO 13 Nov. –
La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha reiterado la necesidad de incrementar los salarios tras dar a conocer el Instituto Nacional de Estadística este viernes los datos del IPC que sitúa a la región como la más inflacionista, junto a Galicia y Castilla y León, con un 5,3% de inflación.
La responsable sindical ha señalado que la inflación sigue instalada en niveles que no se veían desde principios de 2023 y muy superiores al ritmo de crecimiento de los salarios, según ha trasladado UGT por nota de prensa.
«La ciudadanía ya hablado y lo ha hecho en las calles de toda España. Necesitamos que se suban los salarios, se controlen de una vez por todas los precios, y que se facilite el acceso a la vivienda», ha afirmado Carrascosa.
Unos objetivos que, ha afirmado, se alcanzan con dos líneas de acción. Por un lado, la aprobación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, para lo que reclama un desbloqueo por parte de la patronal. «La ausencia de un nuevo acuerdo para la negociación colectiva mantiene paralizados miles de convenios colectivos cuyas plantillas siguen esperando una necesaria subida», ha señalado Carrascosa.
«Ese acuerdo tiene que garantizar que los sueldos crezcan más que los precios, para cerrar la brecha abierta y blindar el poder adquisitivo en los próximos años, e incluir mecanismos de revisión si la inflación vuelve a desbocarse», ha añadido.
Por otro lado, ha reclamado un incremento del Salario Mínimo Interprofesional, apuntando que el aumento del 3,1% acordado para 2026 «ha quedado claramente superado por una inflación que en nuestra región ya alcanza el 5,3%».
EMERGENCIA EN VIVIENDA
Carrascosa también se ha referido a la emergencia en materia de vivienda, cuyo encarecimiento el IPC no recoge plenamente.
En esta línea, ha recordado que la compraventa acumula 12 años de subidas ininterrumpidas y los alquileres siguen escalando sin ningún freno, hasta el punto de que más de cuatro de cada diez personas inquilinas (43,6%) están en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
«Por todo ello, desde el sindicato reclamamos un parque público y permanente de vivienda protegida, y frenar la escalada de los alquileres y el precio de la vivienda», ha concluido.
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