CCOO y UGT preparan la jornada de huelga del 11N y perfilan una «gran movilización» en las calles de C-LM

TOLEDO 22 Oct. –

CCOO y UGT están inmersas en los preparativos de la jornada de paro general del próximo 11 de noviembre, al tiempo que organizan, junto a los movimientos sociales y de vivienda, «una gran movilización en las calles de Castilla-La Mancha».

Ambas organizaciones han presentado la tabla reivindicativa en la que se apoya la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre.

Una huelga que pretende canalizar el clamor social ante las dificultades de la clase trabajadora para mantener un nivel de vida digno al tiempo que apela a la patronal por tener bloqueado el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), informa CCOO en nota de prensa.

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha expresado que esta convocatoria se lleva mucho tiempo gestando ante la necesidad de subir los salarios, frenar la escalada de precios y poner sobre la mesa medidas urgentes en materia de vivienda. Algo que ha convergido con la reacción social a raíz del caso de Mari Carmen.

«Esta huelga es 100% laboral, aunque tenga una dimensión social.

Nadie en su sano juicio puede decir que es una huelga política o dudar de su legitimidad».

Ortega ha asegurado que ambas organizaciones sindicales se van a implicar en que este paro llegue a todos los centros de trabajo para revertir las injusticias que hay en materia salarial, de vivienda y precios.

«Porque la huelga es el instrumento más importante que tienen las personas trabajadoras, junto con el voto, para lograr transformar realidades injustas», ha remarcado.

Preguntado por la postura patronal, Ortega considera que la huelga es la herramienta para poner de manifiesto «la gran presión social que va a haber para que el empresariado español decida sentarse y abrir la negociación del AENC que tanta falta va a hacer a tenor de la gran inflación que estamos teniendo».

«MUCHAS RAZONES DE PESO»

La secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, Silvia López, ponía de manifiesto que existen muchas razones, y de peso, para la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre, entre ellas las dificultades de acceso a una vivienda que tienen las personas trabajadoras, «un derecho constitucional cuyo cumplimiento exigimos a las administraciones públicas».

Ha apuntado que el problema no está solo en las grandes ciudades del país, «hace tiempo que se extendió a núcleos como Toledo o Guadalajara, muy influenciados por la cercanía con Madrid y por la falta de vivienda».

«Los altos precios de los inmuebles y los salarios bajos de la región contrastan con un IPC que está desbocado y que en Castilla-La Mancha alcanza el 5,5%. Pedimos por ello un aumento de los salarios y que las personas trabajadoras recuperen poder adquisitivo».

Silvia López afirmaba que esta huelga también va dirigida a una patronal que está bloqueando el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el acuerdo que sirve de referencia a la hora de pactar los incrementos salariales o las cláusulas de los convenios colectivos de la región.

«Desde UGT hemos planteado que en este VI AENC el precio de la vivienda pase a ser un elemento a tener en cuenta a la hora de fijar las subidas retributivas».

Para la secretaria de Organización y Política Sindical -quien afirmaba que UGT ya está visitando empresas y haciendo asambleas para informar sobre la huelga- también resulta fundamental que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) siga subiendo y lo haga en un 7%.

Hacía un llamamiento a la clase trabajadora y al conjunto de la ciudadanía a sumarse a una protesta «que nos afecta a todos y todas».

El secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez, ha cifrado en 395 los conflictos colectivos que se han promovido en la provincia de Toledo desde 2020, 46 de los cuales han terminado en huelga sectorial o de empresa afectando a 14.000 personas trabajadoras.

«Esta huelga general no es una casualidad, es una deriva que ha explotado a nivel social».

Pérez ha indicado que con un IPC del 5,5% en la provincia «no hay ningún convenio colectivo que llegue a ese incremento salarial, salvo los que cuentan con cláusulas de revisión, por lo que hay que poner freno a esta situación insostenible» haciendo un llamamiento a la patronal para que ponga de su parte y ofrezca incrementos salariales que palíen el empobrecimiento de la clase trabajadora.

CCOO está acudiendo ya a los centros de trabajo y está realizando asambleas para informar de los derechos de las personas trabajadoras de cara a la huelga general.

«Denunciaremos a las empresas que presionen y extorsionen a sus trabajadores para que no la secunden» ha advertido Pérez.

Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, ha asegurado que las personas trabajadoras de la provincia de Toledo y del conjunto de la comunidad autónoma «pierden poder adquisitivo de forma sangrante» y que «esto ocurre mientras los precios no dejan de subir y los márgenes empresariales crecen a niveles récord gracias al esfuerzo directo de la clase trabajadora».

Sostiene que hoy en día se ha roto la premisa social básica de que un trabajo es garantía de poder hacer frente al coste de la vida y tener un proyecto de futuro.

«En nuestra región dos de cada tres personas que viven de alquiler a precio de mercado están en riesgo de pobreza o exclusión social y, según señala un estudio de UGT, una de cada tres reconoce haber tenido miedo en algún momento a no poder frente al pago del alquiler o de la hipoteca».

Isabel Carrascosa ha añadido que «disponer de un hogar digno y asequible no debe ser un problema ni un negocio especulativo, sino una condición indispensable accesible a través de un empleo y nuestros salarios».

Ha recordado que la preocupación de UGT por la vivienda no es de ahora; el sindicato lleva mucho tiempo alertando del problema y planteando actuaciones: reclamaciones al Defensor del Pueblo, denuncias ante Consumo y el Ministerio de Vivienda, acciones ante el Comité de Derecho Social del Consejo de Europa y, más recientemente, la puesta en marcha de la Oficina de Asesoramiento de Vivienda.