UGT C-LM reclama abrir una nueva etapa de negociación para responder a los desafíos que tienen los centros educativos

TOLEDO 29 Jun. –

UGT Servicios Públicos ha pedido este lunes abrir una nueva etapa de negociación con el Gobierno de Castilla-La Mancha para responder a los desafíos que tienen los centros educativos de la región en la actualidad, unos desafíos ligados a la inclusión, la convivencia, la salud laboral, la inteligencia artificial, la adaptación al cambio climático y la estabilidad del empleo docente.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el secretario de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, José Antonio Montero, quien ha estado acompañado por el responsable de Enseñanza Pública de la federación en la región, Alfonso García; de la responsable de Enseñanza en Toledo de la federación, Guadalupe Menor; y del responsable del sector de Enseñanza Concertada del sindicato, Fernado Villamor.

Montero ha puesto de manifiesto que el Acuerdo de Mejoras firmado en 2023 ha permitido recuperar reivindicaciones históricas del profesorado y avanzar en la mejora de las condiciones laborales y de la calidad de la educación pública, entre ellas recuperar las 18 horas lectivas en Enseñanzas Medias, la consolidación de la reducción progresiva de ratios, la incorporación de unos 600 nuevos cupos de docentes y mejoras para el profesorado mayor de 55 años»

«NUESTRO BALANCE ES POSITIVO, PERO NO COMPLACIENTE»

Según indica, el Acuerdo de Mejoras ha abierto una etapa de recuperación de derechos y ha demostrado que la negociación produce resultados. «No obstante, ahora comienza una segunda fase igualmente necesaria. También debemos preparar el sistema educativo para una realidad social, tecnológica y demográfica profundamente distinta», aseguraba Montero, quien advertía de que la educación evoluciona a gran velocidad y plantea retos que hace apenas unos años no ocupaban el centro del debate.

A este respecto hacía mención a la inclusión educativa, la convivencia en las aulas, la salud laboral del profesorado, la climatización de los centros, la irrupción de la inteligencia artificial o la creciente complejidad de la función docente, motivos por los que «la educación pública necesita un nuevo pacto social que implique a las administraciones, al profesorado, a las familias y al conjunto de la sociedad».

En su opinión, afrontar estos desafíos exige devolver a la profesión docente el reconocimiento social y el respeto profesional que merece. No sin antes referirse las mesas nacionales en las que UGT está participando activamente –incluida la negociación del nuevo real decreto que regulará los requisitos mínimos de los centros educativos y que incorpora una reducción de ratios en la Educación Infantil a propuesta de UGT–, el responsable de Enseñanza del sindicato en la región aseguraba que el Acuerdo Marco «constituye un punto de partida y no un punto final».

En la misma línea se pronunciaba Alfonso García, quien aseguraba que aún siguen abiertas cuestiones que UGT considera prioritarias, como el desarrollo efectivo de la inclusión educativa incorporando los recursos que realmente hacen falta; una mayor reducción de la carga burocrática; mejoras de las condiciones del personal interino; y el refuerzo de los centros con mayor complejidad, la Formación Profesional, las enseñanzas de régimen especial o la Educación de Personas Adultas.

«Por eso entendemos que el curso 2026-2027 no puede representar los últimos coletazos del Acuerdo de Mejoras, sino que debe ser el punto de partida de una nueva fase de negociación», ha indicado.

CUATRO PRIORIDADES

Por su parte, Guadalupe Menor desgranaba que las prioridades de UGT para esta nueva fase son cuatro, siendo la primera de ellas la inclusión educativa. «Las medidas adoptadas en los últimos tiempos son sólo un pequeño avance, pero siguen siendo muy insuficientes».

«Es necesario reforzar la orientación educativa, los especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, el personal auxiliar técnico educativo, la enfermería escolar, la fisioterapia y los recursos materiales de los centros, además de formar con calidad y en horario laboral al profesorado. Por eso hemos reclamado una mesa técnica específica que permita abordar la inclusión de forma integral», subraya.

En segundo lugar, afirmaba que el profesorado necesita más respaldo institucional y protocolos claros y eficientes frente a las agresiones, así como medidas eficaces para prevenir los riesgos psicosociales derivados del ejercicio de la profesión.

Como tercer punto, UGT seguirá velando por mejorar las condiciones laborales del profesorado, con especial atención al personal interino y a la estabilidad del empleo docente. «Es necesario eliminar la precariedad de los tercios de jornada, avanzar hacia un sistema de adjudicaciones más transparente y ágil, reducir la temporalidad, seguir consolidando los derechos del personal interino y revisar aquellas condiciones de trabajo que aún requieren mejoras, como las itinerancias o la organización de los centros de especial complejidad».

Por último, el sindicato seguirá pidiendo una mayor reducción real de la carga de trabajo. «Aunque hemos avanzado en la recuperación de las jornadas y con algunas medidas de simplificación administrativa, la burocracia continúa siendo una de las principales preocupaciones del profesorado».

«Nuestro compromiso sigue siendo el mismo que en 2022: negociar cuando la negociación permite avanzar; exigir cuando hace falta exigir; y seguir construyendo mejoras reales para el profesorado y para la educación pública. Allí donde la negociación no permita avanzar o los compromisos adquiridos no se cumplan, utilizaremos todas las herramientas de acción sindical a nuestro alcance, incluida la movilización», concluye Montero.