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Publicado 30 Sep 2026 15:20
TOLEDO 30 Sep. –
Los sindicatos de la función pública han respaldado este miércoles por unanimidad, en la reunión de la Comisión Negociadora del IX Convenio Colectivo la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) de personal laboral de la Administración General, correspondiente al ejercicio 2026, impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que asciende a 401 plazas.
La negociación de esta oferta con los representantes del personal empleado público ha sido uno de los puntos del orden del día de la Comisión Negociadora que ha estado presidida por el director general de Función Pública, José Narváez.
Dicha negociación se lleva a cabo dentro del proceso de planificación de la Oferta de Empleo Público del presente año 2026 que se desarrolla en los distintos sectores del empleo público regional, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Tal y como se ha acordado, con el voto a favor de todas las organizaciones sindicales, la OEP para personal laboral de este año asciende a 401 plazas, que se reparten en: 329 de turno libre, 72 de promoción interna, 8 de discapacidad intelectual y 20 de discapacidad general.
Estas plazas se aprobarán en el contexto de este ejercicio junto con las de personal funcionario, que conforman el sector de Administración General, cuya Mesa Sectorial se celebrará este jueves. Siendo el siguiente paso, la celebración de la Mesa General del Personal Empleado Público, como paso previo a la aprobación por el Consejo de Gobierno de toda la OEP de 2026, que engloba al sector de Administración General (personal funcionario y laboral), más el sanitario y el educativo.
La Oferta de Empleo Público de 2026 forma parte de la tercera edición del Plan de Impulso a los Servicios Públicos 2023-2027 del Gobierno de Emiliano García-Page, con el que se prevé aprobar más de 12.300 plazas de empleo público durante este periodo.
De esta forma, el Ejecutivo autonómico persigue generar oportunidades de empleo en la región, transmitir certidumbre a las personas interesadas en adquirir la condición de personal empleado público de la Administración regional y mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen, dotando de mayor estabilidad a las plantillas e incentivando su desarrollo profesional.
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