Sanidad y CCAA aprueban la inclusión de nuevas áreas al catálogo de pruebas genéticas del SNS

MADRID 4 Jul. –

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este viernes la aprobación, junto con las comunidades autónomas, de una actualización del catálogo de pruebas genéticas del Sistema Nacional de Salud (SNS) para «consolidar» un acceso más equitativo y homogéneo a este tipo de test en todas las comunidades autónomas.

Entre las nuevas áreas aprobadas durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se encuentran las enfermedades otorrinolaringológicas, como hipoacusias; las enfermedades óseas, incluidas las anomalías craneofaciales; las enfermedades digestivas no hepáticas; las enfermedades renales; y los trastornos urogenitales.

Asimismo, se han actualizado y ampliado áreas ya vigentes tales como los tumores hematológicos del adulto, la oncohematología pediátrica o las enfermedades metabólicas hereditarias y mitocondriales.

«Esto supone un antes y un después para miles de pacientes, como, por ejemplo, una niña que nace con pérdida de audición, o un adulto con una enfermedad renal hereditaria, que podrá tener acceso a estas pruebas genéticas para así poder lograr un diagnóstico precoz y recibir el mejor tratamiento», ha explicado García durante una rueda de prensa.

En su intervención, la ministra también ha informado de que el CISNS ha aprobado un Plan Operativo 2025-2028 de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, así como la ampliación de la bolsa de profesionales del equipo ‘START’ para tareas humanitarias internacionales.

Tanto Sanidad como las autonomías han dado ‘luz verde’ las fichas de evaluación del cumplimiento de los requisitos por parte de las comunidades para el reparto de los fondos encaminados a reforzar la Atención Primaria. Cabe destacar que el CISNS ya aprobó en junio la transferencia a las comunidades autónomas de 172 millones de euros para el Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.

El 50 por ciento del crédito se reparte por criterios poblacionales, y el 50 por ciento restante está condicionado al cumplimiento de unos determinados compromisos.

Del mismo modo, ha salido adelante un acuerdo que contiene los criterios de reparto a las comunidades de créditos para la financiación de la Estrategia frente a Enfermedades Raras y la Estrategia frente a Enfermedades Neurodegenerativas, donde se incluye la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), por un importe total de 2.818.070 euros.

El Pleno ha aprobado igualmente ampliar el plazo de ejecución de los fondos distribuidos a las comunidades autónomas para el desarrollo del Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones (SIVAIN).

En total, se han aprobado once acuerdos, entre los que se incluyen la Estrategia de Seguridad del Paciente 2025-2035; una guía de consenso sobre Sanidad Mortuaria; el Plan de Terapias Avanzadas 2025-2028; la aprobación de centros de referencia CSUR para oncología, neumología, cirugía torácica y atención a la diversidad sexual; y otros tres centros de referencia CSUR para el transporte neonatal y pediátrico en oxigenación por membrana extracorpórea.

Al ser preguntada sobre la misiva enviada a las comunidades autónomas para avisarles de que se iniciarán acciones legales si no garantizan el derecho al aborto, García ha recalcado que no ha sido abordado al no ser parte del orden del día ni al haber sido incluido en los ruegos o preguntas de los consejeros de Sanidad autonómicos.

Tras ello, ha resaltado la importancia de recibir la colaboración de las comunidades a la hora de enviar sus datos para conocer en cuáles se está «haciendo bien» y cuáles son las que «pueden aprender» de las demás, todo ello después de que el Ministerio haya tenido conocimiento de que «muchas mujeres están viendo vulnerado ese derecho».

Antes de la reunión, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha asegurado que «todas» las comunidades autónomas, independientemente del partido que las gobierne, cumplen «escrupulosamente» con la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, tanto en lo que respecta a esta prestación como en lo relativo a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.