Registradas 60 firmas ante Fomento para paralizar desahucios «por impago de alquiler» de río Yedra en Toledo

La Plataforma de Toledo por una Vivienda ha registrado 60 firmas para que la empresa Gicaman retire las demandas de desahucio «por impago» de alquiler contra vecinas y vecinos de Yedra 8, en un proceso que conlleva un total de «70 alzamientos».

Orlando Lumbreras, en representación de esta plataforma, ha reclamado un plan de pagos para los vecinos que sí muestran voluntad de pagar, al menos una parte de los alquileres. «Los vecinos que sí quieren pagar plantean que abonarán lo que puedan», ha afirmado.

Lumbreras ha indicado que «así no se puede vivir» y plantea a la Consejería de Fomento que «hay que hablar». «Queríamos hablar –con el delegado provincial de Fomento– para que se paren los alzamientos, porque ya están empezando a echar a la gente».

Así, ha señalado que en estas viviendas se genera un «malestar» y la respuesta de Gicaman es echar «fuera» a los vecinos, afectando a los que sí quieren pagar. «Nuestra propuesta es simplemente que lo paren, hablar y hacer un plan de pagos», ha reiterado el representante de esta plataforma.

Achacan desde la plataforma que esta dureza en aplicar los alzamientos tiene origen en la entrada de un nuevo gerente en Gicaman.

En todo caso defienden que los ciudadanos no pueden pagar por la vivienda «más del 30 por ciento» de lo que se cobra.

Ya el pasado 6 de octubre, vecinos de estas viviendas se manifestaron a las puertas de los juzgados de Toledo para protestar, una vez más, ante la situación de desahucios a la que se enfrentan por impago de estos alquileres.

Fuentes de la Consejería de Fomento han incidido, en declaraciones a Europa Press, que de las 148 viviendas, 13 están al corriente de pago, y hay 92 contratos que tienen de medida 33.000 euros de deuda, al tiempo que han defendido que ya hay sobre la mesa una propuesta de plan de pagos que ha sido aceptado por un número limitado de vecinos.

Gicaman inició en 2022 entrevistas individuales con los inquilinos de las 148 Viviendas de Protección Oficial ofreciéndoles una rebaja del 50% aplicable al recibo mensual, siempre que accedieran a liquidar paulatinamente la deuda que tienen acumulada desde hace años, «algunos, desde el mismo momento de adjudicación de la vivienda».

Sin embargo, señala la Junta, «esta propuesta fue aceptada por un número muy limitado de arrendatarios». Los que sí aceptaron fueron los inquilinos que no tenían deuda de alquiler o con deuda muy baja, ya que de esta manera se acogerían a la rebaja del 50% de dicho recibo, han explicado desde Fomento.

El Gobierno regional precisa que la deuda de la promoción es de 3,1 millones de euros, y la renta de alquiler media es de 297 euros al mes.

El Gobierno regional ha invertido desde 2015 más de un millón de euros en la mejora de estos pisos con un total de 558 intervenciones en zonas comunes y 470 mejoras en viviendas.