Más de 400 organizaciones españolas exigen formularios de identificación en actuaciones policiales para evitar racismo

Se celebrarán actos en varias localidades, entre ellas Toledo

Más de 400 organizaciones españolas han exigido formularios de identificación en actuaciones policiales, con el objetivo de evitar prácticas discriminatorias.

Así lo han puesto de manifiesto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora este sábado 21 de marzo.

En el marco de la campaña ‘Parad el racismo y no a las personas’, las organizaciones adheridas realizarán durante las próximas semanas acciones de sensibilización y movilización en diferentes ciudades, con actividades públicas destinadas a visibilizar la existencia de los controles policiales racistas y reclamar medidas «efectivas» para su erradicación.

Así, están previstos actos en localidades como Cáceres, Granada, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Toledo y Valencia. También quieren presentar mociones pidiendo el establecimiento de formularios de parada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ayuntamientos como los de Valencia, Salamanca y Barcelona.

Bajo el lema ‘Parad el racismo y no a las personas’, organizaciones como Rights International Spain, Amnistía Internacional, Red Acoge, Fundación Secretariado Gitano, IRIDIA, Defender a Quien Defiende, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y Convivir Sin Racismo, entre otras, se han unido a la campaña para reclamar medidas «urgentes y concretas» para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales.

En este sentido, las organizaciones denuncian que las paradas, identificaciones y redadas «racistas» tienen «graves consecuencias para las personas, afectando a su salud física y emocional, al verse sometidas a controles injustificados que les obligan a tener que identificarse, e incluso ser cacheadas en espacios públicos». «En general, hablamos de una práctica que profundiza la estigmatización social al tiempo que vulnera libertades y derechos fundamentales», aseguran.

De la misma manera, las organizaciones alertan de que las consecuencias «pueden ser dramáticas» para los migrantes, también los que están en procesos de regularización. «Pueden incluir la expulsión o la dilación en la obtención de permisos de residencia y trabajo si la policía les para y les multa o se les impone algún tipo de sanción», advierten.

Igualmente, muestran alarma por las negociaciones en la Unión Europea sobre migración y señalan que el nuevo Reglamento de Retorno podría facilitar redadas en domicilios y espacios públicos, deportaciones y más vigilancia y priorizar medidas coercitivas frente a la protección.

En esta misma línea, exponen el impacto directo que estas prácticas tienen en la vida de las personas afectadas. «Las paradas policiales injustificadas implican controles de identidad e incluso cacheos en espacios públicos que generan afectaciones en la salud física y emocional, además de reforzar la estigmatización social y la criminalización de las personas migrantes y racializadas», destacan.

Además, defienden que también afectan a adolescentes y jóvenes, quienes añaden que «no solo se ven sometidos a controles desproporcionados, sino que experimentan un impacto negativo en su identidad y sentimiento de pertenencia, al verse señalados como sospechosos».

Del mismo modo, señalan que uno de los «principales obstáculos» para abordar esta problemática es la «negación» por parte de las autoridades implicadas, que dicen que «suelen limitarse a señalar que se trata de casos aislados atribuibles a comportamientos individuales, sin querer reconocer la existencia de una práctica estructura».

Las organizaciones piden incluir en la ley una prohibición explícita de las identificaciones policiales basadas en el perfil racial o étnico, conforme al principio de igualdad y no discriminación. Concretamente, quieren que se realice en el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Con el objetivo de erradicar esta «práctica discriminatoria», exigen el uso obligatorio de formularios de parada que recojan datos desagregados, razones «objetivas» y resultados de las identificaciones, «garantizando su publicación y transparencia en las actuaciones policiales» y siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

«Estos formularios permiten documentar objetivamente las motivaciones, el contexto y los resultados de las intervenciones policiales, facilitando la identificación de posibles prácticas discriminatorias. Además, contribuyen a mejorar la transparencia institucional, reforzar la calidad del trabajo policial y fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», recalcan.

Según las organizaciones, los formularios «ayudan a detectar y prevenir posibles prácticas discriminatorias, especialmente hacia personas migrantes o racializadas». Para ello, argumentan que deben integrarse «en un sistema de registro accesible para supervisión independiente, con datos desagregados que permitan detectar patrones discriminatorios.» Asimismo, consideran «imprescindible» que la sociedad civil participe en el diseño, desarrollo y evaluación de estos sistemas de registro.