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Publicado 22 Apr 2026 14:13
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un decreto que abre la puerta a que las familias de Castilla-La Mancha puedan contar con apoyo público para contratar a una persona que cuide de sus hijos e hijas menores de 14 años o de un familiar en situación de dependencia.
Según ha comenzado la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, el objetivo es que compaginar trabajo, crianza, y cuidados sea viable para las familias, «quienes tienen que hacer malabares» para atender todas sus responsabilidades, ha informado la Junta en nota de prensa.
«Sabemos que, sin apoyo, la conciliación no es real y se hace cuesta arriba», ha sentenciado Padilla, motivo por el que el Gobierno regional ha aprobado este decreto dotado con un millón de euros. Se trata de ayudas que, en determinados casos, pueden llegar a cubrir hasta el cien por cien del salario mínimo interprofesional, en función del nivel de renta de cada familia, ha señalado la portavoz.
La consejera ha puesto el foco en la «doble o, incluso, triple utilidad» de esta iniciativa. En primer lugar, facilita la conciliación real y permite a muchas familias «organizar mejor su vida».
Además, en palabras de la portavoz, puesto que la carga de los cuidados sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, actúa como una «palanca» de igualdad. «Contribuye a que no tengan que renunciar a sus empleos ni reducir su jornada por esa responsabilidad», ha señalado.
Por otro lado, Padilla ha hecho hincapié en que las ayudas están vinculadas a la contratación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, con contrato formal y alta en la Seguridad Social, lo que contribuye a reforzar «el trabajo con derechos» en el ámbito de los cuidados y a avanzar en la regularización de este sector, «que con frecuencia permanece en la economía sumergida», ha destacado Padilla.
El esquema de ayudas, que contará con un millón de euros de presupuesto, se plantea a lo largo de tres años para dar continuidad. Durante el primer año, la cobertura puede alcanzar el 100 por ciento del salario mínimo; en el segundo, se sitúa sobre una base del 75 por ciento; y en el tercero, sobre el 50 por ciento, siempre ajustándose a los ingresos familiares. Así, se facilita tanto el inicio como la consolidación del contrato, ha puntualizado la portavoz.
La portavoz ha incidido en que la medida incorpora también un componente social, al priorizar a las familias con menos recursos y subir la cuantía hasta el 80 por ciento en el tramo de renta más alto en el caso de los hogares monoparentales, al frente de los que, en la mayoría de los casos, se encuentra una mujer.
«Contar con ayuda en casa no debería ser un privilegio», ha subrayado Padilla, de manera que no debe depender del nivel de ingresos «sino de las necesidades reales de cada hogar».
Este decreto se integra en una línea de actuación más amplia, junto a otras medidas ya en marcha como los incentivos a la contratación, el fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia, las deducciones fiscales para las familias, la ampliación de la red de escuelas infantiles o el Plan Corresponsables, ha enumerado la consejera.
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