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Publicado 10 Apr 2025 20:50
El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves la Proposición de Ley de determinación de la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias en Castilla-La Mancha, gracias al apoyo de los grupos parlamentarios del PSOE y el PP, y con el rechazo de Vox.
La Proposición, a cargo del PSOE, supone el traslado a Castilla-La Mancha de la modificación del modelo de representación, tras la reforma a nivel nacional introducida a través de la Ley contra el desperdicio alimentario la pasada semana.
Durante su exposición, el parlamentario socialista Antonio Sánchez ha destacado que, hasta el momento, «la representatividad de esas organizaciones profesionales agrarias está todavía basada en aquella que obtuvieron en la última elección a Cámaras Agrarias que se desarrolló en nuestro país en 1977».
«Se hacía inexcusable actualizar, como digo, esta legislación que se ha hecho a nivel nacional y siguiendo el espíritu de esa legislación nacional aprobada hace muy pocos días», ha señalado el diputado del PSOE.
Sánchez ha planteado que la ley contempla «los criterios establecidos para poder concurrir a ese procedimiento de determinación de la representatividad», así como «el propio procedimiento para determinarlo».
Además, ha destacado la introducción de que las organizaciones que deseen representatividad, «deben atenerse a lo establecido en la ley de representación sindical» y además «formar parte de una estructura nacional que forme parte, a su vez, del Comité de Organización de Profesiones».
Unos criterios que, ha defendido, «son adecuados», ya que «objetivan esa determinación».
Por su parte, el diputado del Partido Popular Santiago Lucas Torres ha defendido la importancia de la representatividad agraria, ya que las «organizaciones agrarias son imprescindibles, no solo porque defienden con firmeza y argumento los intereses del sector de las administraciones regionales, nacionales y europeas, sino porque representan la voz de quienes trabajan, crían el ganado».
El parlamentario ‘popular’ ha defendido que «son el cauce natural y democrático por el que se canalizan las demandas, propuestas y denuncias del sector agrario» afirmando que «no pueden ser silenciadas ni excluidas por no pertenecer a determinadas estructuras centralistas afines al poder».
Lucas Torres ha advertido sobre los problemas que arrastra el sector primario en la región, afirmando que «el campo no puede esperar más y las organizaciones agrarias deben de tener voz y capacidad para defenderlo ante todas las administraciones».
«Por eso hay que fijar criterios objetivos y transparentes, como garantizar su papel como interlocutores, dotarlas de las subvenciones que sean necesarias, la representatividad real y reconocer transitoriamente la representatividad existente», ha añadido.
«La ley no impone ni excluye, sino que regula, legitima y actualiza un sistema que estaba anclado en el 1977», ha afirmado Lucas Torres, para agregar que «hoy respondemos con claridad, con visión y argumentos a quienes aún dudan de la necesidad de contar con organizaciones profesionales agrarias fuertes, representativas y con voz real», ha argumentado el parlamentario del PP.
Frente a esto, por parte de Vox, David Moreno ha criticado que la propuesta consiste en «una copia literal y exacta de la misma ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados», afeando además que se proponga a través de «trámite urgente».
Moreno ha señalado que la normativa responde a una «deuda pendiente con el sector primario de nuestra región y del conjunto de España, porque ustedes, durante todos estos años, se han preocupado y mucho de que el campo no tuviese voz».
Sin embargo, ha planteado que «después de tanto años» los grupos socialista y popular «no tengan tanta prisa y escuchen verdaderamente al campo». «La representatividad debe ajustarse a la realidad del campo español y no a los intereses políticos de socialistas y de ‘populares'», ha apuntado Moreno.
«Con la representatividad que ustedes le quieren otorgar, poco va a ganar, porque ustedes no tienen la voluntad ni están dispuestos a llevar a cabo las modificaciones que necesitan», ha asegurado Moreno.
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