La oposición, contra reparto de migrantes en una sesión con Vox culpando a Page de futuras violaciones

El presidente de las Cortes pide a Vox que se retracte en un pleno subido de tono

El Partido Popular y Vox han presentado este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha una serie de iniciativas contra la acogida de menores migrantes no acompañados en la región en un debate en el que el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha intervenido para solicitar al presidente del Grupo Vox, David Moreno, que retirase unas palabras por las que acusaba al Gobierno de ser responsable de futuros delitos y agresiones sexuales que pudieran cometer inmigrantes en el futuro.

Y es que David Moreno ha comenzado su discurso haciendo referencia a las dos violaciones acontecidas en Madrid en los últimos meses por parte de inmigrantes como argumento para cargar contra la medida política.

«Hay miedo, inseguridad y degradación generalizada en los barrios por la desidia de las instituciones. Primero fueron condenados a la falta de infraestructuras y dotaciones colectivas, después a la degradación y ahora a una experiencia multicultural fallida», ha señalado Moreno, exigiendo que es «imperativo deportar».

Del mismo modo, Moreno ha pedido explicaciones a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, sobre las condiciones y los lugares de destino del reparto de menores migrantes, actualmente en negociaciones entre el Gobierno regional y el central, y ha criticado la solicitud de 400 millones de euros del presidente Emiliano García-Page para financiar el proceso, una cuantía que el presidente de Vox ha catalogado como «promoción de la inmigración ilegal».

El Grupo Vox ha exigido en su propuesta rechazar la medida del Gobierno central de reparto de menores, alternativas que prioricen la seguridad ciudadana, la implementación de un plan efectivo de repatriación de los menas, la supresión de toda ayuda a los inmigrantes irregulares excepto la humanitaria, el cierre de todos los centros para menas y la suspensión inmediata de la cooperación con terceros países que no cooperen en la gestión de los flujos de inmigración.

También ha solicitado la creación de un procedimiento sancionador para evitar que los inmigrantes irregulares se puedan empadronar en municipios e instar al Gobierno de España a expulsar a todos los inmigrantes irregulares.

Durante su ponencia el presidente de Vox ha tachado al Gobierno de ser responsable de los delitos cometidos por migrantes irregulares en el país, una frase que el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha tildado de «exceder la actividad parlamentaria, el decoro y el respeto» por suponer la imputación de un delito. Moreno se ha negado a retirarla.

Desde el Grupo Popular, el diputado José Antonio Martín-Buro ha descrito el plan del Gobierno de España de ser «una extorsión» ante la amenaza de aplicar sanciones por ley a las comunidades autónomas que se nieguen a acatar el reparto y lo ha catalogado de ser «una medida forzosa e intolerable».

Martín-Buro ha instado al Gobierno central a actualizar el protocolo de acogida de los menas «que lleva sin ser actualizado desde el año 2017 a pesar de que la cifra de llegadas se ha duplicado».

Del mismo modo, el portavoz ‘popular’ ha criticado que dicha medida llegue «sin planificación ni transparencia» sin que «existan recursos suficientes y tengamos los actuales saturados».

La iniciativa del PP pedía elevar una exigencia al Gobierno de España para que las medidas de acogida y tutela de menores respeten las competencias autonómicas y dispongan de la financiación adecuada a su coste, así como garantías de un reparto justo y equitativo entre regiones alejadas de negociaciones políticas.

También ha solicitado al Ejecutivo el establecimiento de un sistema de planificación transparente, la creación de una comisión de coordinación entre comunidades autónomas y que la Dirección General de Infancia y Familia refuerce los recursos. Por último, el Partido Popular ha demandado una planificación efectiva de los mecanismos de reunificación familiar y retorno de los menas.

El diputado socialista José Antonio Contreras, de su lado, ha calificado como «pirómanos» los mensajes del grupo de Vox derecha por promover el odio contra la población migrante en un intento de «incendiar España» y ha citado como comparación los delitos cometidos por exmiembros de Vox como el de su ex portavoz en Huércal, Almería, condenado a nueve años por agresión sexual a una menor.

«¿Deberíamos de considerarlos a todos ustedes criminales?», ha planteado Contreras, quien ha puesto a Villamalea como ejemplo de convivencia, después de que el municipio albacetense propusiera una moción conjunta entre todos los partidos políticos para regularizar a los 1.000 inmigrantes del pueblo.

El diputado ha continuado su intervención enseñando una foto del niño sirio Aylan Kurdi, fallecido hace diez años en su travesía por el Mediterráneo, y solicitando más recursos para la población que intenta huir de la guerra. «Los datos de la organización OpenArms dicen que cada día en el Mediterráneo muere un niño», ha citado Contreras, asegurando que «lo que nos importa es que haya presupuesto para los profesionales que están al frente tratando a estos niños».

La consejera de Bienestar, Bárbara García, ha señalado los datos ofrecidos por Vox sobre el crecimiento de la criminalidad como «falsos», mientras que ha recordado que desde 2019 los delitos de odio han ascendido de los 590 anuales a los 1.191 en el 2023, citando a los grupos de extrema derecha como responsables de difundir racismo y xenofobia. García ha afirmado que Castilla-La Mancha «es una comunidad autónoma solidaria que defiende los derechos humanos y que reclamará las medidas, herramientas y el presupuesto necesario para hacer su trabajo».

El Grupo Socialista ha propuesto en el debate una serie de medidas para colaborar con el Gobierno central y las comunidades autónomas para alcanzar los fondos necesarios para el reparto de menores, fomentar la integración de la población inmigrante y las segundas generaciones, seguir destinando recursos a la cooperación internacional y reforzar la colaboración con las entidades sociales.

Además, la iniciativa también ha recogido reiterar el compromiso con el pacto regional por la Infancia y la Adolescencia y combatir los discursos racistas y de odio.