Justicia y CCAA pactan que la fase final de tribunales de instancia comience el 31 de diciembre con «flexibilidad»

Confirma que las oficinas judiciales entrarán en funcionamiento ese día, salvo en Oviedo, Gijón y Avilés

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha acordado «por unanimidad» con las comunidades autónomas con la competencia transferida que la tercera y última fase del proceso de implementación de los tribunales de instancia comience el próximo 31 de diciembre, como estaba previsto, aunque con «cierta flexibilidad».

Así lo ha comunicado el departamento encabezado por Félix Bolaños en una nota de prensa tras la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada este lunes de manera telemática y que, según el Ministerio, «se ha desarrollado en un clima de cordialidad».

Bolaños se ha reunido con representantes de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, La Rioja y Navarra.

Esta última fase, tal y como detalla la nota, implica la entrada en vigor de 100 tribunales de instancia «en los grandes partidos judiciales» de España, como Barcelona, Madrid, Palma o Zaragoza.

No obstante, el Ministerio y las comunidades autónomas han acordado «también por unanimidad», según Justicia, «dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales», de tal manera que «la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo».

Cabe recordar que el Ministerio avanzó el pasado 12 de diciembre, cuando convocó esta Conferencia Sectorial, que «apoyará» a las comunidades con la competencia transferida si «solicitan una prórroga breve para culminar la tercera fase» de la implementación de los tribunales de instancia.

Asimismo, las partes han acordado este lunes que las oficinas judiciales, «que darán apoyo técnico a los tribunales de instancia de las grandes ciudades», según el Ministerio, también entrarán en funcionamiento el 31 de diciembre, excepto en las ciudades asturianas de Oviedo, Gijón y Avilés, que lo harán el 15 de febrero, «con el fin de permitir a estos partidos judiciales llevar a cabo los últimos ajustes técnicos».

La constitución de los tribunales de instancia se enmarca dentro de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor el pasado mes de abril.

Desde ese momento, según ha señalado el Ministerio en la nota de prensa, más de 300 tribunales de instancia ya han entrado en funcionamiento «sin incidencias destacables».

Y ha expresado que, según los datos facilitados por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, queda constatada «una agilización» en la ejecución de sentencias: «En Andalucía la reducción de las ejecuciones pendientes de admisión alcanza el 69%, en Castilla-La Mancha el 55%, en Cataluña y Comunidad Valenciana el 27% y en la Región de Murcia el 15%. La media de las comunidades estudiadas es del 30».

«En cuanto a la financiación, el Ministerio ha realizado una inversión que supera los 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, en las 12 comunidades con la competencia de Justicia transferida», ha precisado Justicia.

Por otro lado, la nota recuerda que la Ley de Eficiencia incluye «la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial».

Y recoge los datos publicados el pasado miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que puso de manifiesto que en el tercer trimestre de 2025 «se registró un descenso del 30,9% en la cifra de nuevos litigios en la jurisdicción civil en toda España».

Según informó el CGPJ en una nota de prensa, los órganos judiciales recibieron entre julio y septiembre de 2025 un total de 1.519.584 nuevos asuntos, lo que supone un 12,5% menos, respecto al mismo periodo de 2024.

También se redujeron los del orden contencioso-administrativo, en un 6,3%; mientras que en las jurisdicciones de lo penal y de lo social ingresaron un 2% y un 1,2% más asuntos, respectivamente.

El número de total de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales en ese periodo fue de 1.519.584, «una cifra muy similar a la de los asuntos resueltos en ese mismo periodo», que ascendieron a 1.517.664, apenas un 0,3% menos que en el tercer trimestre de 2024.

Por su parte, el CGPJ pidió al Ministerio antes de conocerse la convocatoria de la reunión que tome medidas para evitar las «carencias» de los juzgados antes de la implementación de los tribunales de instancia.

Así, el Consejo recogió en una nota de prensa la «preocupación» de los decanos de los seis principales partidos judiciales de España y la trasladó al departamento encabezado por Bolaños y a las comunidades autónomas con competencias transferidas de Justicia.

Asimismo, les requirió actuar para evitar el extravío de expedientes judiciales y demoras en su tramitación y así «garantizar la continuidad y el buen funcionamiento del servicio, con el fin de evitar perjuicios a la ciudadanía».

En concreto, el órgano de gobierno de los jueces reclamó a las administraciones responsables de las oficinas judiciales que «los procedimientos y causas pendientes –de los que seguirán conociendo los titulares de los antiguos juzgados una vez instalados en su nueva plaza del tribunal de instancia– estén identificados y listados, de forma que su itinerario hasta la nueva oficina judicial pueda ser trazado con seguridad, lo que evitaría la pérdida de expedientes».

Por otro lado, los decanos de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca señalaron las «carencias» y la «falta de preparación» que han ido detectando para la implementación de los tribunales de instancia, al tiempo que advirtieron de que esas «carencias» «pueden lastrar esta fase final de la implantación de los tribunales de instancia».

En concreto, los decanos apuntaron que existe una «dispersión de sedes», lo que puede «dificultar las relaciones» entre jueces y funcionarios.

También subrayaron la «falta de digitalización», previendo el «riesgo de pérdida» de los expedientes originales en los juzgados donde no exista el expediente digital.

Asimismo, manifestaron su malestar con la «demora en el nombramiento de los letrados directores», lo que, según ellos, «ha privado a muchos decanos del interlocutor necesario para coordinar la constitución de los tribunales de instancia».

Y remarcaron la «falta de aprobación de algunas relaciones de puestos de trabajo o de culminación de los procedimientos de consolidación de funcionarios y excesivo número de funcionarios interinos, que no tienen la formación necesaria y dificulta el desempeño de sus funciones».

Los decanos precisaron que estas «carencias detectadas» podrían tener «un impacto en los ciudadanos», y por ello han solicitado al CGPJ que inste a las administraciones prestacionales a aplicar «una moratoria en la tercera fase de implantación de los tribunales de instancia por un periodo de seis meses».