IU Toledo y UPE exigen que el aborto deje de ser un derecho sobre el papel en Castilla-La Mancha

TOLEDO 25 Sep. –

Izquierda Unida Toledo y UPE Toledo han aprovechado la conmemoración del Día Internacional del Aborto Seguro para exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice de una vez la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública y deje de convertir un derecho reconocido por ley en una prestación excepcional, externalizada y sometida a continuas derivaciones.

«El derecho al aborto existe. Lo que sigue faltando en Castilla-La Mancha es poder ejercerlo con normalidad en la sanidad pública», han señalado las organizaciones en un comunicado conjunto.

Ambas organizaciones han destacado que la región dispone desde 2025 de un registro de profesionales sanitarios objetores matizando que la objeción es un derecho individual y no puede convertirse, de hecho, en la objeción de hospitales, servicios completos o de toda una comunidad autónoma.

«Durante años se ha utilizado la objeción como explicación. El registro ya existe. Ahora corresponde a la Junta organizar sus plantillas, formar profesionales y garantizar el servicio. La objeción de algunos no puede convertirse en la pérdida de derechos de todas», han afirmado.

RECHAZO AL MODELO DE CONCENTRACIÓN DE LA JUNTA

IU Toledo y UPE han rechazado el modelo anunciado por la Junta de concentrar inicialmente la prestación en unidades específicas de determinados hospitales. «No queremos pasar de las clínicas privadas a tener uno o dos hospitales señalados como ‘los lugares donde se aborta’. Eso sigue tratando la IVE como algo excepcional. Queremos que sea una prestación sanitaria normalizada en los hospitales públicos del Sescam», han apuntado al respecto.

Ambas organizaciones han reclamado que la Junta avance hacia su implantación en todos los hospitales públicos, con equipos suficientes, profesionales formados y garantías de intimidad.

«Una mujer que entra en un hospital no tiene por qué explicar si va a una revisión, a una prueba o a interrumpir un embarazo. Crear espacios específicamente identificables para abortar también facilita señalar a las mujeres que acuden a ellos», han reivindicado.

Para IU y UPE, la situación es especialmente grave en Toledo, donde las mujeres siguen teniendo que desplazarse fuera de la provincia para ejercer este derecho. «Un derecho que exige dinero, tiempo y desplazamientos y que, según dónde vivas, no se ejerce en igualdad y por tanto perpetúa la desigualdad», han planteado.

FRENTE AL SEÑALAMIENTO Y LA CULPABILIZACIÓN

IU Toledo y UPE han denunciado, por otra parte, las campañas que buscan culpabilizar o presionar a las mujeres que deciden abortar. Al respecto han recordado que, durante la pasada campaña de primavera de 40 Días por la Vida, ambas organizaciones pudieron comprobar la presencia de activistas recogiendo firmas frente al Hospital Universitario de Toledo.

«Aunque allí actualmente no se practiquen abortos, una mujer que entra en ese hospital puede estar embarazada, puede estar planteándose interrumpir su embarazo o acudir buscando información y encontrarse a las puertas con una campaña contraria al aborto puede generar presión, culpabilización o intimidación», han advertido.

Para IU Toledo y UPE, este ejemplo demuestra precisamente el peligro de concentrar la IVE en centros fácilmente identificables.

Ambas organizaciones han recordado además que la legislación penal protege a las mujeres frente al acoso dirigido a obstaculizar el ejercicio de su derecho a abortar. «Quien esté contra el aborto tiene todo el derecho a no abortar. Lo que no tiene es derecho a decidir por las demás», han señalado al respecto.

UN DERECHO QUE NO SE GARANTIZA NO EXISTE EN LA PRÁCTICA

IU Toledo y UPE consideran que mantener durante años la IVE fuera de la sanidad pública «no es neutral: perpetúa el estigma y convierte un derecho sanitario en un derecho de segunda».

«No aceptamos que determinados derechos sean tratados como derechos de segunda porque resulten incómodos para los sectores más conservadores. Una Administración no puede elegir qué leyes aplica con normalidad y cuáles mantiene permanentemente en los márgenes del sistema sanitario», han afirmado.

Así, han reclamado al Gobierno de Emiliano García-Page un calendario inmediato para implantar la IVE en la sanidad pública, extender progresivamente la prestación a todos los hospitales del Sescam, formar profesionales y garantizar equipos suficientes y no objetores.

«Castilla-La Mancha tiene hospitales, tiene profesionales, tiene un registro de objetores y tiene una ley que cumplir. Lo que falta es voluntad política», han afirmado.