Gobierno ve «muy difícil» aprobar alguna enmienda de PP a Presupuestos de C-LM 2026: «No tienen por dónde cogerse»

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha visto este martes «muy difícil» que el pleno que dará luz verde este miércoles a los Presupuestos de Castilla-La Mancha para el año próximo acabe aprobando alguna de las 1.150 enmiendas que ha presentado el PP al texto, ya que «no tienen por dónde cogerse».

A preguntas de los medios, tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento, Ruiz Molina ha señalado que esas enmiendas, sin entrar al fondo del asunto, producen «un déficit de 613 millones de euros» y «no tienen ningún motivo para que pudieran ser aceptadas y eso es lo que espero que mañana en el pleno se produzca».

Según ha explicado, aprobar esas enmiendas «supondría un petardazo a la línea de flotación de los presupuestos que ha presentado este Gobierno, un tijeretazo descomunal en el gasto social, un gasto que da apoyo, precisamente, a los sectores más vulnerables».

Además, llevaría consigo el despido de muchos empleados públicos de la Administración regional, pues de admitirse, afectarían a «pilares básicos del gasto social como es castigar a la dependencia, porque se cargan literalmente la financiación de las 32.000 prestaciones económicas que actualmente están en vigor, porque se cargan todo el mantenimiento fundamental de los hospitales y de los centros de salud», así como los planes de empleo.

«Esas enmiendas lo que sí que denotan es una falta de rigor y responsabilidad y desde luego lo que sí que ponen de manifiesto», ha continuado el consejero de Hacienda, es que el PP propone «lo mismo que fueron capaces de hacer cuando gobernaban, que es recortes en el Estado del Bienestar y, en segundo lugar, incremento de la deuda».

A juicio del titular de Hacienda, el Partido Popular «podría presentar mil, dos mil, tres mil enmiendas que, desde luego, si van en esa misma tónica de atacar el Estado del bienestar y, además, provocar un incremento de la deuda de la Comunidad Autónoma, pues, lógicamente, y por coherencia» deben ser rechazadas.