Empleados públicos interinos se concentran este martes ante el Congreso para exigir que se les haga fijos

MADRID/TOLEDO 8 Dic. –

Empleados públicos interinos y en «abuso de temporalidad» se concentrarán este martes, 9 de diciembre, frente al Congreso de los Diputados para exigir que se les haga fijos, apelando a la legislación europea y a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre esta materia.

La concentración, que arrancará a las 11.00 horas, ha sido convocada, entre otros, por la Plataforma de Afectados por la Función Pública de Madrid, la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) y la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (Aicafp).

Según denuncian los convocantes, la temporalidad en el sector público español se sitúa en el 32,24%, con 979.409 trabajadores que, en algunos casos, llevan más de 30 años desarrollando su trabajo en lugares que un funcionario de oposición no ha cubierto.

«Este tipo de contratación es una práctica ordinaria y abusiva dentro de la gestión pública española, como la ha denominado el TJUE en cuatro sentencias en las que insta al Gobierno español a regularizar la situación», afirman.

Aunque la temporalidad está disminuyendo, desde Aicafp advierten de que se trata de «una treta», pues en lugar de hacer fijos a los empleados en abuso de temporalidad, se sacan sus plazas a concurso de oposición ordinaria, «de manera que muchos se quedan fuera y lo que se estabiliza es la plaza y no el abusado, como marcan las sentencias del TJUE».

Según sus cálculos, en el primer semestre de 2025 se quedaron sin trabajo 92.200 personas contratadas temporalmente por la Administración, «despidos a coste cero», pero que podrían suponer al Estado 3.000 millones de euros en multas impuestas por Europa, calculando esta cantidad sobre una media conservadora de 33.000 euros por despido.

«El abuso tiene rostro: aproximadamente el 70% de las personas afectadas son mujeres mayores de 50 años, en riesgo real de exclusión laboral. Estas personas son víctimas de un fraude masivo. Europa exige un máximo del 8% de temporalidad legal, y España está en un 32%, con más de 800.000 personas en fraude de ley. No es temporalidad: es temporalidad ilegal», sostiene Aicafp.

Los convocantes subrayan que, ante esta situación, se han interpuesto 65.000 demandas en los tribunales españoles y afirman que, si se despidiese a todos los empleados en fraude de temporalidad, el coste por indemnizaciones, según las sentencias del TJUE, podría suponer aproximadamente el 2,5% del PIB español.

«Su ejecución inmediata provocaría un shock de déficit que obligaría a España a solicitar una dispensa ante la Comisión Europea o a emitir deuda pública de emergencia, con el consiguiente coste en intereses. Hablamos de unos 33.000 millones de euros».

«El Gobierno español es la empresa más fraudulenta de la Unión Europea a nivel laboral, se encuentra fuera de todos los estándares marcados», denuncian desde Aicafp.

Los convocantes sostienen que las comunidades autónomas, que concentran el 62,66% del personal total, soportarían la mayor parte de la carga indemnizatoria, con 21.000 millones de euros.

Así, por ejemplo, Andalucía, con 332.007 empleados públicos y una alta tasa de interinidad en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y Educación, se enfrentaría a una factura indemnizatoria estimada de 3.900 millones de euros, mientras que a Cataluña, con 258.894 empleados y una estructura muy descentralizada, le costaría 3.050 millones de euros, y a Madrid, con 231.240 empleados y una alta litigiosidad en el sector sanitario, unos 2.750 millones de euros.

«Ninguna comunidad autónoma tiene margen presupuestario para absorber semejante gasto sin una quita de deuda o una transferencia extraordinaria del Estado», advierten los convocantes.

Aunque recientemente el Gobierno se ha comprometido a eliminar la tasa de reposición de manera progresiva, Aicafp cree que «sería una trampa, porque saldrían a concurso público las plazas de personas que llevan ejerciendo el cargo desde hace decenas de años».

También advierte de que la inacción del Gobierno activará multas coercitivas de 100.000 euros diarios tras la carta de emplazamiento de Bruselas. «Nos encontramos a un paso de que el TJUE, bajo el artículo 260, aplique estas multas millonarias», afirma. «El Gobierno saliente nos deja una multa diaria que pagarán nuestros hijos. Exigimos la fijeza como única solución legal admitida por Europa, que no cuesta dinero», concluye.