El Gobierno vuelve a diseñar nuevas líneas de autobús tras el rechazo de las comunidades a gestionar tráficos

MADRID/TOLEDO 28 Oct. –

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha comenzado a rehacer el mapa concesional de las rutas de autobús de larga distancia, después de que casi todas las comunidades autónomas rechazaran el diseño anterior que había realizado, en el que se transferían a las comunidades la gestión de nuevos tráficos intermedios.

Fuentes el ministerio consultadas por Europa Press atribuyen la negativa de las comunidades «al bloqueo y el boicot del PP», ya que todas las regiones gobernadas por el PP han rechazado el mapa concesional del Gobierno, más Navarra, que está gobernada por una coalición liderada por el PSOE y tampoco ha apoyado explícitamente el nuevo diseño.

Este martes, el presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús), Rafael Barbadillo, ha explicado en una jornada de movilidad organizada por El Español e Invertia que el Gobierno ha decidido que el Estado asuma todos los tráficos, por lo que tiene que rehacer el mapa que ya había hecho.

«De hecho, ya se empieza este año y va a salir en breve una de las líneas del Estado a licitación. Las comunidades (como Madrid) van a licitar también las rutas de sus mapas concesionales», ha argumentado.

Barbadillo ha recordado que la recién aprobada Ley de Movilidad Sostenible da un plazo de dos años para que el nuevo mapa concesional del Estado quede resuelto, aunque ha advertido de uno de los principales hándicaps, la falta de conductores.

«La edad media de la plantilla en España está en 52 años, una edad alta, por lo que tenemos que rejuvenecer las plantillas, pero hay una serie de barreras como el precio del carnet profesional o las inmensas trabas burocrática para poder traer personas de fuera», ha lamentado.

El primer mapa concesional diseñado por el ministerio optimizaba las rutas de larga distancia para que hicieran menos paradas y fuera más rápidas y baratas, a cambio de que las comunidades asumiesen rutas más cortas que trasladasen a la gente desde poblaciones más pequeñas a las más grandes, donde sí pararía el autobús de largo recorrido, a través de un pago de unos 40 millones de euros del Estado a las comunidades.