El Gobierno transfiere 150 millones a las CCAA para contratar a profesores/ayudantes doctor en universidades

MADRID/TOLEDO 21 Jul. –

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), ha aprobado este martes autorizar una transferencia de 149.674.540 euros a las comunidades autónomas a través del ‘Programa María Goyri’ para financiar la incorporación de profesorado ayudante doctor en las universidades públicas españolas en 2026.

Posteriormente y en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria se fijarán los criterios de reparto y la distribución resultante entre las comunidades autónomas.

Se trata de una inversión que el Gobierno de España realiza en las universidades públicas de todo el país, a través de las comunidades Autónomas, para la contratación de 3.400 profesores/as ayudantes doctor.

El compromiso del Gobierno con el ‘Programa María Goyri’ supone financiar durante seis años 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor en toda España, lo que supondrá un coste global de más de 900 millones de euros por parte del ejecutivo. Además, este programa implica la movilización de otras 2.236 plazas que sufragan las comunidades autónomas con una aportación adicional de 600 millones de euros.

Las 3.400 plazas financiadas por el Gobierno de España ya se han contratado. Las comunidades autónomas, que tienen de plazo para llevar a cabo las contrataciones hasta el curso 2027-2028, han contratado 311 plazas.

Es la primera vez que un Gobierno de España se hace cargo de manera directa del salario del profesorado universitario, en el marco de una competencia que está transferida a las comunidades autónomas.

Esta iniciativa se puso en marcha en 2024 para incorporar un total de 5.638 profesores ayudantes doctor a las universidades públicas de manera progresiva hasta 2028, un 70% más de los que había en el curso 2023-2024.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que «es una de las iniciativas más ambiciosas que hemos emprendido para financiar las universidades públicas y facilitar su adaptación a los requisitos que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario [LOSU] respecto a las plantillas de profesorado».

Según ha detallado, «el objetivo es prevenir la precariedad, elevando el peso del profesorado a tiempo completo y con capacidad investigadora». La ministra ha añadido que «el programa es necesario para facilitar el relevo generacional ante las jubilaciones previstas en las universidades públicas durante los próximos años