Los Veintisiete acuerdan las bases de la futura PAC, con su financiación aún por definir

BRUSELAS/TOLEDO 27 Oct. –

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han acordado su posición negociadora sobre la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034, con cambios en el sistema de ayudas para reforzar el apoyo a los agricultores en activo y facilitar el relevo generacional, aunque quedan pendientes las cuestiones financieras y los límites a las subvenciones que podrán recibir las explotaciones.

El acuerdo, que permitirá al Consejo iniciar las conversaciones con el Parlamento Europeo, tiene carácter parcial porque excluye los aspectos presupuestarios, que deberán resolverse en el marco de las negociaciones de las próximas cuentas comunitarias, y establece las bases de una reforma que contempla una mayor flexibilidad para que los Estados miembro adapten las medidas de apoyo a las necesidades de sus respectivos sectores agrícolas.

La nueva PAC se enmarca en la propuesta de la Comisión Europea para reorganizar los fondos comunitarios a partir de 2028, que prevé integrar los recursos destinados a agricultura, cohesión, pesca, migración y seguridad, entre otras políticas, en unos planes nacionales y regionales que sustituirían a los actuales programas independientes.

Esta reorganización supondría abandonar la estructura de dos pilares que mantiene actualmente la política agraria, basada en un fondo para las ayudas directas y otro para el desarrollo rural, y reunir ambos instrumentos en un único marco de financiación.

PEQUEÑAS EXPLOTACIONES Y JÓVENES

Entre las principales modificaciones figura la revisión de los pagos vinculados a la superficie agrícola, con los que se pretende distribuir las subvenciones de manera «más justa y eficaz», según el Consejo, y dirigirlas especialmente a las pequeñas explotaciones y los jóvenes que se incorporan al sector.

Para ello, los Veintisiete plantean que todos los países estén obligados a establecer una definición de agricultor en activo, aunque podrán adaptarla a sus circunstancias nacionales, y contemplan la posibilidad de introducir mecanismos redistributivos para modificar el reparto de los fondos entre los beneficiarios.

En cambio, las reglas para reducir progresivamente las subvenciones de mayor cuantía y fijar un importe máximo por explotación se negociarán más adelante, junto con el resto de disposiciones vinculadas al presupuesto europeo.

En materia de relevo generacional, la posición del Consejo establece que los Estados miembro deberán elaborar estrategias específicas para facilitar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, que incluyan mayores ayudas básicas, apoyo para poner en marcha sus explotaciones y acceso a formación y asesoramiento.

BIODIVERSIDAD Y PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

La reforma también mantiene requisitos medioambientales comunes para acceder a la financiación europea e incentivos para adoptar prácticas que favorezcan la biodiversidad y la protección de los recursos naturales, aunque deja margen a las autoridades nacionales para adaptar su aplicación a las condiciones locales.

Otro de los aspectos recogidos en el texto es el refuerzo de los instrumentos de gestión de riesgos ante fenómenos meteorológicos extremos, enfermedades animales y vegetales o alteraciones de los mercados, que pueden afectar a los ingresos de las explotaciones.

En concreto, se contempla financiar seguros agrarios e inversiones destinadas a mitigar los efectos del cambio climático y facilitar la adaptación del sector, además de permitir a los gobiernos conceder pagos de emergencia a los productores afectados por desastres naturales y otras situaciones excepcionales.

Los países también tendrán la posibilidad de establecer servicios de sustitución temporal para que los trabajadores agrícolas puedan disponer de personal de reemplazo durante bajas por enfermedad o permisos de maternidad y cuidado de los hijos, una medida con la que el Consejo busca mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar.

Asimismo, los ministros han respaldado mantener la financiación de proyectos destinados a diversificar la actividad económica de las zonas rurales, especialmente aquellas con mayores dificultades, mediante iniciativas vinculadas al agroturismo, la innovación y la digitalización.