Comienza la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa de C-LM, que agilizará más de 150 procedimientos

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, comenzando así con la tramitación parlamentaria de una norma que va a suponer «una revolución» en la Administración regional «para hacerla más moderna» y reducir «al máximo» los trámites burocráticos.

Así lo ha explicado este miércoles la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, quien en rueda de prensa ha defendido que una administración vanguardista «debe estar al servicio de la gente y no ser un obstáculo para ellos». «Por lo tanto, hemos trabajado en esta ley para hacer precisamente de la Administración regional una administración más ágil, más cercana a los ciudadanos», ha apostillado.

De esta forma, el texto buscar eliminar los trámites que desde el Ejecutivo autonómico se consideran «innecesarios» para la ciudadanía y las empresas, impulsando también el uso de herramientas digitales y de la inteligencia artifical para «facilitar la labor a los ciudadanos».

Padilla ha detallado que se han estudiado «más de 400 procedimientos» para ver en cuáles se podía «simplificar la burocracia o eliminarla» o, en todo caso, reducir los tiempos de espera o la documentación a aportar. «No en todos podemos actuar a través de la ley, porque hay algunos que están regulados por normativa estatal, pero estamos hablando de que esta ley va a permitir que, a partir de su aprobación, el Gobierno pueda actuar en más de 150 procedimientos administrativos».

La ley pretende introducir cambios como que, en más de 100 procedimientos, se sustituirá el silencio administrativo negativo por uno positivo, de manera que la falta de contestación de la Administración se estime el trámite solicitado. «Nos obliga a nosotros mismos a ser más ágiles en la respuesta y no hacer esperar al ciudadano o la empresa», ha comentado.

Asimismo, en otros 40 trámites la Administración autonómica pedirá una declaración responsable en lugar de una documentación más extensa que «a veces complica los trámites administrativos», una declaración que luego la propia Administración se encargará de corroborar para «comprobar que todo está en orden y que coincide con la declaración que han hecho».

La portavoz del Gobierno castellanomanchego ha señalado también que el anteproyecto se remitió al Consejo Consultivo, que hizo varias observaciones que se han tenido en cuenta «con la idea de mejorar la ley».

Esther Padilla ha recordado que esta nueva norma introduce la figura de las entidades colaboradoras, una «figura privada» que «lleva funcionando en nuestro país durante mucho tiempo» y que viene a realizar «funciones de comprobación de informes, de certificación» y que va a venir a «mejorar y agilizar también la gestión».

«Pueden decidir hacer toda la gestión del papeleo y presenta a la Administración todo lo que necesiten o pueden ir a entidades colaboradores, que en muchas ocasiones son entidades bancarias, para que se les tramiten directamente esas ayudas. Por lo tanto, quiero dejar muy claro que las entidades colaboradoras no privatizan la función de la Administración sino que hacen funciones y ayudan a hacer las funciones que debería hacer el particular», ha defendido.

Por otra parte, la portavoz ha apuntado también a la aplicación de la administración digital, que será «no solo una herramienta para agilizar trámites, sino que es una manera de poner al ciudadano en el centro de nuestras políticas, garantizando que tanto sus derechos y necesidades sean atendidas de la forma más rápida y efectiva posible». «Así que digitalizar la administración es la verdadera forma de simplificar la administración».

Por ello, la norma incluye la regulación también del uso de la inteligencia artificial como una herramienta para prestar servicios a la ciudadanía, basada en el reglamento europeo y que persigue «dar seguridad jurídica tanto a los empleados y empleadas públicas como también a los usuarios y las usuarias que se acercan a la Administración para ser beneficiarios de determinados servicios».

Y el espacio ciudadano es otra de la novedad, «por no decir la novedad por excelencia», en palabras de la portavoz, uno de los «ejes centrales» de la ley y que se ha concebido como una plataforma de servicios digitales por la información de personas físicas, entidades y empresas para realizar actuaciones como, por ejemplo, el acceso a expedientes y notificaciones y el seguimiento del estado de la tramitación y procedimientos de los que sea parte.

De esta manera, todas las personas o entidades que se puedan registrar en ese espacio ciudadano podrán tener acceso a todos sus trámites, el estado de ellos o incluso hacer gestiones desde ese espacio ciudadano.