CCOO pide a Junta retirar la ley de simplificación porque «abre la puerta a privatización masiva» de servicios públicos

TOLEDO 7 Abr. –

El sindicato CCOO ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha la retirada del Anteproyecto de Ley de Simplificación de Castilla-La Mancha, por entender que «abre la puerta a la privatización masiva de los servicios públicos de la comunidad».

Recogiendo el sentir de la resolución aprobada en el V Congreso de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Castilla-La Mancha, desde FSC de CCOO Castilla La Mancha lamentan que la Administración autonómica, «lejos de atender las reiteradas propuestas de CCOO, que entre otras aportaciones al texto solicitaba la retirada del Titulo IV, haya anunciado, a través del vicepresidente primero de la región, que el Consejo de Gobierno dará mañana martes el visto bueno al proyecto».

Pese a que el Gobierno de Emiliano García-Page «presume de que esta ley es una colaboración público-privada», señala el sindicato, en realidad, «la Ley de Simplificación amenaza a los servicios públicos con una disminución de las plantillas de empleo público, actualmente ya muy mermadas».

Desde la FSC CCOO CLM se alerta de que son numerosas las competencias públicas elementales que pueden pasar a manos privadas a través de lo que la norma denomina entidades colaboradoras (Título IV).

A estas entidades se les atribuye, literalmente, «funciones de comprobación, inspección y certificación en determinados procedimientos y áreas de la Administración Regional», funciones que son exclusivas del personal funcionario, en áreas como Servicios Sociales; Sanidad; Urbanismo; Gestión forestal; Calidad ambiental; Economía circular; Actividad cinegética; Patrimonio cultural; Promoción empresarial; Trabajo; Empleo; Formación Profesional y Turismo, así como cualquier otra materia competencia de la Administración Regional.

Con el pretexto de agilizar trámites, «se abre la puerta a la iniciativa privada en materias tan sensibles como las mencionadas, otorgando la norma una especial preponderancia a la Declaración Responsable».

Este mecanismo podrá ser utilizado por las Entidades Colaboradoras para todo tipo de actuaciones, desde para constituirse como tales hasta como sustituto de autorizaciones, licencias y otras intervenciones.

Esta forma de actuar conlleva un grave riesgo de perjuicio irreversible para el interés general y particular de la ciudadanía y de la propia Administración. «Un perjuicio que una vez causado, y especialmente en determinados ámbitos, difícilmente podrá ser reparado».

No menos grave, señala CCOO, «es que estas Entidades Colaboradoras se financiarán cobrando una prestación económica a la ciudadanía que requiera sus servicios», es decir, cobrando una tasa o tarifa.

Esto supone «la mercantilización de los derechos de la ciudadanía creando diferencias por criterios económicos en el acceso a la Administración; quien pueda pagar podrá acceder a la vía rápida de las Entidades Colaboradoras y quien no quedará relegado a la cola de la gestión administrativa».

Para alcanzar sus objetivos, el anteproyecto incluye la modificación de varias leyes: la de Vías Pecuarias, de Montes y Gestión Forestal Sostenible, de Servicios Sociales, de Patrimonio Cultural, de Caza, de Economía Circular y de Evaluación Ambiental.

Desde CCOO quieren dejar claro que están a favor de una Administración más moderna y ágil. «Pero esta ley no sólo no lo conseguirá, sino que debilita la estructura pública que garantiza los derechos de la ciudadanía; abre de par en par las puertas para la gestión de estos derechos por entidades privadas; perjudica a la ciudadanía diferenciándola por su renta; y permite actuaciones sin supervisión pública cuyos perjuicios no podrán ser reparados, entre otras muchas cosas».