Castilla-La Mancha convierte el silencio administrativo en positivo para agilizar los trámites con la administración

TOLEDO 24 Sep. –

El silencio administrativo dejará de ser un obstáculo en Castilla-La Mancha para empresas y ciudadanos que a diario realizan sus trámites con la Administración regional y pasará a convertirse en una «garantía de derechos» en la comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado este miércoles la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, durante la rueda de prensa semanal para informar de los asuntos adoptados por el Consejo de Gobierno, que ha dado luz verde a la supresión de 80 trámites burocráticos en todas las consejerías en el marco del desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa.

Con esta medida, el Ejecutivo autonómico introduce el silencio administrativo positivo en medio centenar de trámites, de modo que, si la Administración no responde en el plazo legal establecido, la solicitud se entenderá aprobada en beneficio del interesado.

«El silencio deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado para la ciudadanía», ha defendido Padilla.

El acuerdo aprobado contempla también la sustitución de una treintena de trámites, que dejarán de requerir autorización expresa y pasarán a poder realizarse mediante declaraciones responsables o comunicaciones previas.

En la práctica, esto permitirá a ciudadanos y empresas iniciar determinadas actividades sin esperar una autorización expresa, bastando con notificarlo a la Administración o certificar que se cumplen los requisitos a través de una declaración responsable, que serán verificados con posterioridad por la Junta de Comunidades.

Entre los procedimientos afectados que ha mencionado Padilla figuran becas, autorizaciones ambientales, trámites de agricultura y desarrollo rural, registros y licencias económicas, la marca de calidad Campo y Alma, la inscripción de operadores vegetales o lácteos, así como la apertura de escuelas de música y danza, los títulos habilitantes para el transporte o la adhesión a la red de hospederías, entre otros.

Tras esta aprobación, las consejerías disponen de un plazo máximo de nueve meses para adaptar la nueva regulación, aunque la portavoz ha avanzado que los trabajos ya están avanzados y se prevé que se ejecute en menos tiempo.

Padilla ha insistido en que esta primera tanda de 80 procedimientos «no será la última», ya que se sigue trabajando en otros de mayor complejidad.

La simplificación, en esta primera fase, afectará especialmente a las áreas de Hacienda, Agricultura y Desarrollo Sostenible.

Según la portavoz, la medida «no solo acorta plazos y elimina papeleo», sino que también evita brechas sociales, ya que la burocracia más compleja suele dificultar el acceso a quienes tienen menos conocimientos técnicos o recursos para recurrir a gestorías.

«Cuando somos ágiles, generamos confianza», ha concluido Padilla, defendiendo que esta reforma busca una Administración más cercana, accesible y útil para todos los ciudadanos y empresas de la región.