C-LM refuerza su compromiso con la contratación pública como motor de desarrollo e inclusión social

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reforzado su compromiso con la contratación pública como motor de desarrollo e inclusión social y ha puesto en valor el importante papel que desempeña en el progreso y el bienestar de una sociedad.

Así lo ha destacado la secretaria general de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Macarena Sáiz, durante la inauguración de la jornada sobre compra pública responsable: ‘Mecanismos legales y buenas prácticas para la inclusión sociolaboral’, que ha organizado la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Castilla-La Mancha (Feacem CLM) en Toledo.

En esta línea, Sáiz ha señalado que en Castilla-La Mancha la Administración regional es el principal motor económico y su capacidad de contratación, es su principal combustible, además representa el 25 por ciento del PIB autonómico, con todo lo que significa en generación de riqueza y empleo, ha informado la Junta en nota de prensa.

Sobre la importancia de la contratación, Sáiz ha indicado que la prueba más evidente es la canalización de los fondos MRR a través de contratos y están sirviendo para salir de los efectos de la pandemia y de la crisis de los precios con motivo de la invasión de Ucrania, es decir, y así lo ha indicado, «la contratación siempre ha servido para potenciar e impulsar la economía y como instrumento para impulsar y apoyar otros políticas públicas que es lo que nos lleva a la contratación estratégica».

En este sentido, ha explicado que esta contratación estratégica o responsable es entendida como «la adquisición de obras, bienes y servicios para otros fines», no sólo es adquirir esos bienes y servicios al mejor precio, como se ha hecho tradicionalmente, con anteriores normativas, sino que, «se va a utilizar esa compra para, colateralmente, atender a otros objetivos secundarios, en cuanto a que no es el objetivo fundamental de atender las necesidades de la Administración»; es decir, «satisfacer o apoyar otras políticas públicas a través de la contratación».

También ha subrayado, que «toda la contratación es estratégica» y debe utilizarse para hacer frente con más eficacia a nuevos retos económicos y sociales, así como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación, desarrollo, promoción de las pymes y de defensa de la competencia.

Durante su alocución, la responsable de la Secretaría General ha indicado que la contratación no es un fin en sí mismo, sino que es una potestad al servicio de otros fines de interés general. La protección de los derechos sociales y, en concreto, la inserción laboral de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social no son objetivos secundarios, sino que forman parte de la propia economía. Igualmente, ha abogado por extender esta perspectiva o impulso estratégico al propio sistema de contratación.

En Castilla-La Mancha, en la ley de presupuestos de 2016, se estableció por primera vez la obligación de reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios, suministros a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Ese mínimo inicial fue del seis por ciento, que en 2018 se incrementó al ocho por ciento, y dos años después, en 2020 se elevó al diez por ciento, convirtiéndose la región en una de las primeras en alcanzar este nivel de compromiso, junto con Castilla y León.

Desde 2016 se han destinado 15 millones de euros a contratos públicos dirigidos a estos centros especiales de empleo y empresas de inserción, principalmente en sectores como la limpieza de edificios, mantenimiento de zonas verdes, lavandería, restauración y servicios auxiliares. Y en 2024, la Junta ha adjudicado un total de 52 contratos por un importe de 3,3 millones de euros, con el objetivo de seguir aumentando estas cifras en los próximos años.

Para seguir avanzando en esta línea, la secretaria general, ha indicado que, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar antes de finalizar el año un nuevo decreto de Contratación Pública, que incluirá por primera vez un capítulo exclusivo sobre contratación reservada, siguiendo las recomendaciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) de España, con el principal objetivo de mejorar la planificación y participación de los centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de inserción, en los contratos públicos del sector público regional.

A la jornada, también han asistido la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana Maria Carmona; el delegado provincial de Bienestar Social en Toledo, Maximiliano Muñoz; la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas; el presidente de Feacem-CLM, Pedro Sáez Cruz; la presidenta de Cermi CLM, Cristina Gómez Palomo; el presidente de Feacem, Daniel Aníbal Cruz; y el presidente de Federación de Asociaciones de Empresas de Inserción (Faedei), Rafael López García.