C-LM aprueba 7,3 millones para prevenir situaciones de abuso a menores y más de 9 millones a programas de salud mental

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un montante de 7,3 millones de euros para prevenir situaciones de abuso infantil y más de 9 millones de euros a programas relacionados con la salud mental, tal y como ha desgranado la consejera portavoz, Esther Padilla.

Respecto a prevenir las situaciones de abuso infantil, se trata de una convocatoria anual para el año 2026 dirigida a entidades sin ánimo de lucro para potenciar servicios que afectan a 70.000 menores y más de 35.000 familias.

Servicios, como ha citado en rueda de prensa Padilla, que se pueden centrar en programas de mediación familiar en contextos de divorcio o la prevención e intervención en situaciones de abuso sexual infantil, pues en el primer semestre, el Gobierno regional ha atendido 715 casos de abuso sexual infantil en la región.

Se extiende también a la lucha contra situaciones de acoso y de ciberacoso en la infancia y adolescencia, de violencia familiar, filoparental y para acompañar a familias en situaciones de vulnerabilidad.

Algunos servicios concretos, tal y como ha citado, son el Aula de Familia, que ayuda a educar en positivo; los puntos de encuentro familiar, para facilitar a los dos progenitores un entorno seguro, así como chats de atención a infancia y adolescencia o el servicio de postadopción.

Por otro lado, el Gobierno regional ha aprobado un montante de más de 9 millones de euros destinados a diferentes medidas en materia de salud mental, incrementando en un millón de euros la inversión respecto a 2025.

Este montante se destinará a medidas para que «personas recuperen su autonomía, para que familias no se sientan solas o para vidas que se van recuperando poco a poco». Se dará cobertura mediante plazas residenciales para personas con trastornos mentales graves o en exclusión, para lo que se destinan 5,6 millones de euros del montante total.

Se incluyen viviendas de supervisión diaria y nocturna, centros sociosanitarios, residencias comunitarias o también comunidades terapéuticas, así como centros de rehabilitación psicosocial y laboral para personas con trastorno mental grave.

También para programas de prevención en bienestar emocional, lucha contra la estigmatización o programas en centros penitenciarios destinados a personas reclusas con trastornos adictivos.

A través de estos recursos se atiende a más de 2.500 personas beneficiarias directas y 10.000 indirectos.