Plataformas Stop Biometano C-LM piden contestación a 15.000 alegaciones presentadas al plan regional y su suspensión

TOLEDO 30 Abr. –

Las Plataformas Ciudadanas Stop Biometano de Castilla-La Mancha han denunciado que la Junta «pretende imponer un modelo de macroplantas de biometano y macroganadería industrial de espaldas a los pueblos», exigen la suspensión cautelar del Plan Regional de Biometanización 2024- 2030 y la revisión individualizada, motivada y jurídicamente válida de las 15.071 alegaciones presentadas al mismo.

En nota de prensa, este colectivo pide «la apertura de investigaciones sobre posibles irregularidades y conflictos de interés y la elaboración de una evaluación verdaderamente independiente, rigurosa y libre de vínculos empresariales».

Demandan «la creación previa de un marco regulador estricto que garantice la protección del medio ambiente, la salud pública y la autonomía municipal».

Las plataformas advierten de que la contestación de la consejera no cierra el conflicto, sino que lo agrava, «al evidenciar una preocupante desconexión entre el Gobierno regional y la realidad social de los pueblos y comarcas afectadas».

Anuncian que continuarán reforzando su coordinación regional, su acción institucional y su movilización social para frenar un modelo que consideran incompatible con la defensa del mundo rural.

PELIGRO AMBIENTAL

«Lejos de ofrecer respuestas técnicas, jurídicas o ambientales solventes a las más de 15.071 alegaciones presentadas contra el Plan Regional de Biometanización 2024-2030», la contestación de la consejera, Mercedes Gómez, se limita, según denuncian las plataformas, «a una defensa política de un modelo industrial profundamente cuestionado socialmente, ambientalmente peligroso y territorialmente injusto».

Desde los colectivos ciudadanos denuncian que la Junta «les ignora con respuestas genéricas, vacías de contenido y alejadas de las obligaciones legales que exige la normativa europea y española en materia de participación pública, evaluación ambiental y transparencia administrativa».

Para las plataformas, afirmar que «todas las cuestiones ya han sido contestadas» sin una valoración individualizada de miles de alegaciones constituye una vulneración inaceptable del derecho democrático de participación ciudadana.

«Lo que está haciendo la Junta no es escuchar a la ciudadanía, ni a los miles de castellanomanchegos a los que representamos las plataformas; está tratando de imponer un plan diseñado para favorecer intereses empresariales concretos mientras convierte a nuestros pueblos en zonas de sacrificio ambiental», señalan desde el Grupo Regional.

Las plataformas recuerdan que la Declaración Ambiental Integrada del Plan, publicada el pasado 12 de febrero, «ignora cuestiones fundamentales como los impactos acumulativos derivados de la posible implantación de entre 80 y 100 macroplantas en la región, los riesgos sobre acuíferos ya amenazados por nitratos, la ausencia de garantías sobre el tratamiento y trazabilidad del digestato, y los riesgos para la salud pública asociados a emisiones contaminantes, olores y proliferación de modelos ligados a macrogranjas industriales».

Incluso ignora el informe de la propia Consejería de Sanidad que alerta de que «además del riesgo de contaminación de los acuíferos, no se detalla el riesgo de escape de gases contaminantes a la atmósfera, como el metano, sulfídrico y amoníaco, entre otros, gases que provocan irritaciones respiratorias, enfermedades pulmonares y otros daños», según denuncian.

Asimismo, consideran especialmente grave que la consejera haya evitado responder con claridad a las denuncias sobre posibles conflictos de interés en la elaboración del propio Plan Regional y su Estudio Ambiental Estratégico, elaborados -según recuerdan- por entidades vinculadas al sector del biogas, «lo que pone en cuestión la independencia, objetividad y legitimidad del procedimiento».

Para las plataformas, «Castilla-La Mancha se enfrenta a una amenaza sin precedentes: la transformación de amplias zonas rurales en enclaves industriales destinados a gestionar residuos, con graves consecuencias para la agricultura tradicional, el turismo rural, la calidad de vida y la salud de la población».

«No vamos a aceptar que nuestros municipios sean tratados como vertederos industriales ni que se juegue con nuestra salud y nuestro futuro en nombre de una falsa sostenibilidad», afirman.

Del mismo modo critican las recientes declaraciones públicas de la consejera en las que manifiesta que los ayuntamientos podrán decidir si quieren que se instalen este tipo de plantas en sus municipios y le exigen que los informes socioeconómicos que tienen que emitir sean vinculantes y que los ayuntamientos tengan poder real de decisión para evitar que el suelo rústico de sus municipios se transforme en industrial sin su aprobación expresa.