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Publicado 9 Oct 2026 14:33
ALBACETE 9 Oct. –
El Ministerio Fiscal pide 7 años de prisión para un hombre con retraso mental ligero y que responde a las iniciales D.M.H. por agredir sexualmente a una compañera de residencia –ubicada en Albacete– que también sufría un retraso mental moderado y que la convierte en una persona altamente discapacitada (hasta un 88%).
El escrito de acusación, recogido por Europa Press, relata que el acusado, declarado plenamente incapaz de regir su persona y gobernar sus bienes y bajo la tutela de la Junta y a cargo de la Fundación Futucam, ingresó en una residencia de Albacete dedicada a la acogida de personas que sufren algún tipo de discapacidad intelectual.
También habitaba dentro del mencionado centro la víctima, de 23 años de edad. Ella también había sido incapacitada al sufrir un retraso mental moderado, lo que la convierte en una persona altamente discapacitada (hasta un 88%) y le impide actuar con autonomía, ya que necesita continua supervisión de sus actividades cotidianas, y le provoca, entre otras consecuencias, una enorme dificultad para contar las cosas. Está sujeta a la patria potestad de sus padres.
Durante la madrugada del domingo 5 de junio de 2022, el acusado, entró en el dormitorio de la víctima y, tras comprobar que ella estaba dormida, se aproximó a la mujer y, «con el excitado ánimo de satisfacer su lascivia», le tocó la vagina y le metió uno de sus dedos por la abertura genital.
Según el fiscal, dado su menor coeficiente de inteligencia, estos hechos no le produjeron una afectación emocional a la joven, de modo que «no sufrió ningún trastorno psíquico que pudiera objetivarse».
El acusado, asegura el Ministerio Fiscal, a pesar de padecer el sobredicho grado de retraso y discapacidad, «sabía perfectamente lo que hacía con aquel cuerpo dormido y, quiso tocarlo sin el permiso de aquella mujer que, además de dormida, tenía sobre el mismo un dominio disminuido».
Por todos estos hechos, el fiscal pide a D.M.H. siete años de prisión por un delito de violación, prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante quince años, así como inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio, o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante doce años.
El fiscal también pide libertad vigilada durante ocho años, que se ejecutará después de la pena privativa de libertad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del código penal. El juicio tendrá lugar el 14 de octubre en la Audiencia Provincial de Albacete.
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