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Publicado 17 Nov 2026 13:39
TOLEDO 17 Nov. –
El sindicato CCOO ha pedido este martes al Gobierno regional que «no obstruya» la labor de los agentes medioambientales causando «inseguridad jurídica» en el cuerpo, poniendo como ejemplo «algún caso» de apertura de expedientes disciplinarios a quienes «tienen que cumplir con su deber como policía judicial por encima de lo que establezca una instrucción interna».
Así lo ha señalado en rueda de prensa la secretaria regional de la FSC de CCOO, Carmen Juste; el vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma), Arturo García; y Alfredo Poveda, uno de los agentes medioambientales expedientados.
«Venimos a denunciar la inseguridad jurídica que sienten los agentes medioambientales en el ejercicio de sus funciones», ha dicho, para explicar que este cuerpo tienen la obligación de comunicar «inmediatamente» todos los presuntos delitos de los que hayan tenido conocimiento sin pasar más de 24 horas para ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal.
Sin embargo, ha señalado, en 2018 la Junta estableció la instrucción interna 2/2018 que establecía que las denuncias de los agentes medioambientales tienen que pasar por los servicios jurídicos del Gobierno regional previamente para su estudio y tramitación. «Nos tememos que alguna de esas denuncias nunca llegan a cursarse a la Fiscalía», ha lamentado.
Juste ha indicado que los agentes medioambientales no están discutiendo los cauces que la Administración utiliza para comunicar esas denuncias, «siempre y cuando no se obstruya» su trabajo «como ha ocurrido en algunos casos que conocemos». «Lo que denuncian es que esto supone una omisión del deber de comunicar esos presuntos delitos medioambientales».
«Este tema además le supone una gran presión y también una gran inseguridad jurídica, máxime cuando en algún caso se ha dado lugar a la apertura de expedientes disciplinarios a agentes que han considerado que tienen que cumplir con su deber como policía judicial por encima de lo que establezca una instrucción interna», ha abundado.
También ha destacado que en 2019, la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo «rechazó expresamente» que la Administración utilizase criterios propios para decidir si, por ejemplo, un incendio forestal era delito o solo una infección administrativa.
«Lo que vino a decir es que la Administración no debe actuar de filtro ante las denuncias penales porque esa determinación o esas decisiones corresponden en exclusiva al fiscal o al juez».
En base a todo esto, CCOO registró un escrito el día 23 de octubre pidiendo el número de denuncias que se han cursado, las que se han tramitado y el estado de todas esas actuaciones. «Es la Ley de Enjuiciamiento Criminal la que establece que esta competencia es de los agentes medioambientales y lo que no puede hacer la Administración es poner a un agente medioambiental en un brete de elegir si obedece una orden administrativa o lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a sus competencias como policía judicial», ha destallado.
«NO SE HA AVANZADO NADA»
Por lo demás, ha señalado que los agentes medioambientales no han visto «ningún avance» en materia laboral mientras sus funciones han ido aumentando en emergencias, incendios, rescates, crisis sanitarias o dispositivos especiales mientras los efectivos han ido disminuyendo. «Trabajan con normas de hace 20 años, en el 2011 eran más de 600 y hoy son menos de 500 cuando cuando el plan de conservación exige al menos 700 efectivos».
Una coyuntura, ha señalado, que les «obliga» a ir «siempre a remolque» de las emergencias. «Con esto lo que pierden es parte de la esencia del cuerpo como la prevención del delito, la presunción del daño medioambiental, la vigilancia del patrimonio natural o la conservación del entorno natural».
«Son muchas las reivindicaciones en materia laboral que este colectivo lleva haciendo pero no ha tenido ninguna respuesta por parte de la Administración», ha insistido, para reivindicar que los agentes medioambientales hablan de revisar la orden de horarios, de la segunda actividad, de una compensación económica por su especialización, mejoras del equipamiento o de la flota de vehículos. «No se ha avanzado nada y esto sólo tiene un nombre y es abandono institucional por parte de la junta», ha manifestado.
PROCESADO POR HACER SU TRABAJO
El agente afectado en cuestión ha tomado la palabra para señalar que ha sido «expedientado y procesado» por haber procedido a realizar su trabajo. «Esto es tan grave como que a mí de lo que se me está acusando es de hacer mi trabajo», ha manifestado.
Ha explicado el caso para indicar que abril de este año se produjo un incendio forestal en la provincia de Cuenca del cual llevó a cabo la investigación en la que se concluyó que podía ser un presunto delito de incendio forestal. «La circular de 2018 se cumplió en toda su integridad, pues lo que establece es el cauce que los agentes medioambientales tenemos que seguir para comunicar presuntos delitos», ha dicho.
«Nosotros presentamos esos atestados a las delegaciones y las delegaciones los remitirán a sede judicial», ha manifestado, para lamentar que los agentes medioambientales no puedan ir «directamente por cuenta propia» a los juzgados y a las fiscalías.
Todo ello, con la particularidad de que esa circular establece que los servicios jurídicos de la Junta puedan dirimir si los hechos que remiten los agentes medioambientales puede ser o no delitos. «Aquí nosotros tenemos una dicotomía entre la obligación de cumplir esa circular o nuestra condición de policía judicial que establece la ley».
Trascurridos días sin tener noticias de si el caso ha llegado a la Fiscalía, Poveda ha apuntado que se vio en la «dicotomía e inseguridad jurídica» de obedecer a un superior, que le pidió que esperase, o incumplir la orden presentándose en los juzgados y la Fiscalía para asegurar que sus obligaciones se cumplen, algo que hizo, exponiéndose a un expediente disciplinario.
«Lo que no tiene en cuenta la Consejería de Desarrollo Sostenible es que me vi abocado a cometer un delito de obstrucción a la justicia si obedecía esa instrucción y hay que analizar si hay que cumplirla o no», ha señalado, para abundar en que se le está «procesando» por hacer su trabajo.
Una expediente, el que se le ha abierto, que ha considerado un «ataque directo» a las herramientas más básicas que tienen los agentes medioambientales de todo el Estado para poder llevar a cabo lo que la Constitución les encomienda. «Si se nos cercenan las competencias esta profesión está acabada en todo el Estado», ha añadido.
Por ello ha afirmado que está en la obligación moral y ética de defender su caso porque lleva en sus espaldas «la obligación de defender a un colectivo entero», insistiendo en que el cuerpo de agentes medioambientales no discute los cauces y que el problema es que «se usa esa instrucción para filtrar lo que llega o no llega».
Finalmente, ha señalado que, en su expediente, ha recibido una resolución firme por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible que le da dos opciones: presentar un recurso o ir a la vía judicial por medio de un contencioso administrativo. «Seguramente se me suspenderá de empleo y sueldo y me tendré que ir a la calle una temporadita, aunque luego se presente ese contenciosos pero no voy a tolerar que se me reproche por hacer mi trabajo».
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