Piden 33 años al acusado de matar a puñaladas a su mujer en Escalona (Toledo) cuando estaba a punto de dar a luz

El fiscal solicita también para el procesado la privación definitiva de la patria potestad sobre los dos hijos menores que tenía con la víctima

Un jurado popular juzgará desde el próximo lunes, 22 de junio, en la Audiencia Provincial de Toledo, a J.J.S.A., el hombre acusado de matar en 2022 a su mujer a puñaladas en Escalona (Toledo), cuando ésta estaba embarazada y a punto de dar a luz. El Ministerio Fiscal pide para el procesado una pena de 33 años de cárcel por los delitos de asesinato y de aborto y está previsto que el juicio se prolongue hasta el jueves 25 de junio.

Tal y como describe la fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, J.J.S.A. mantenía una relación matrimonial con M.E.B.C., de 34 años, conviviendo en el domicilio sito en la localidad de Escalona, junto con los dos hijos menores que tenían en común, A. de 13 años, y B. de 14 años.

Así, M.E.B.C. mantenía una relación extramatrimonial –conocida y asumida por el acusado– con M.A.G., de quien, en el momento de los hechos, estaba embarazada (en estado de 40 semanas de gestación).

Sobre las 19.00 horas del día 28 de diciembre de 2022, M.E.B.C. después de varios intentos fallidos por miedo a las represalias del acusado, decidió abandonar junto con sus dos hijos el domicilio familiar para trasladarse a convivir con M.A.G.; por lo que hicieron las maletas y procedieron a meterlas en el coche.

El acusado, según el fiscal, no aceptaba que M.E.B.C. le abandonase, y sobre las 20.00 horas del mencionado día, cuando los hijos menores estaban fuera del domicilio sacando sus cosas, cerró la puerta de la vivienda, con la intención de matarla o aceptando que este resultado podía producirse, y con ello además provocar el aborto del feto que gestaba.

Encontrándose en el patio delantero de la casa, de forma súbita y sorpresiva y aprovechándose de la situación de falta de reacción de la misma, el relato de la Fiscalía indica que el procesado asestó a M.E.B.C. ocho puñaladas en la zona abdominal y en la espalda. Como consecuencia de lo anterior la víctima falleció, así como el feto, pese a la práctica por los sanitarios que acudieron al lugar de una cesárea de urgencia y los intentos de reanimación.

Las puñaladas propinadas por el acusado contra M.E.B.C. fueron dos en la región infraescapular izquierda, otra por debajo de la zona deltoidea izquierda, tres en el abdomen izquierdo y dos heridas de aspecto inciso en tercio inferior de antebrazo izquierdo, ninguna de las cuales presenta caracteres defensivos.

El fiscal señala que tras el ataque, el acusado, «guiado por el desprecio hacia su esposa y su falta de voluntad de respetar su libre decisión de reanudar su vida sentimental», se dirigió a ella insultándola porque iba «tener un hijo con otro».

Acto seguido el acusado arrojó el cuchillo al patio de la vivienda contigua, con la intención de deshacerse de él, si bien admitió ante su hijo A. la autoría del asesinato y del aborto manifestándole que «se lo tenía merecido», así como también ante su hija B. y el vecino P.C.C.

En ese momento pidió que llamaran a la Guardia Civil, reconociendo que sabía muy bien lo que había hecho y no iba a ir «a ninguna parte». El acusado se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde el 30 de diciembre de 2022.

La tutela provisional de los menores B. y A. recayó sobe su tío R.B.C, tal y como recoge el escrito del fiscal.

AGRAVANTES E INDEMNIZACIONES

Para el Ministerio Público, concurre en el delito de asesinato la circunstancia agravante de discriminación por razón de género y la agravante de parentesco.

Solicita el fiscal que al acusado se le imponga la prohibición de aproximarse a sus hijos A. y B., a sus domicilios, residencias, centros de estudio o trabajo, o cualquier otro que frecuentaren, se encuentren o no en dichos lugares, a una distancia no inferior a 1.000 metros, y prohibición de comunicación con ellos por cualquier medio, durante el tiempo de 30 años.

Pide igualmente la privación definitiva de la patria potestad sobre los dos hijos menores de edad y que el acusado indemnice a cada uno de sus dos hijos menores en la cantidad de 120.000 euros, y en la cantidad de 40.000 euros para cada uno de los hermanos y padres de M.E.B.C.

La Fiscalía, ante el alto riesgo de fuga, solicita que la situación cautelar de prisión sea mantenida, en todo caso hasta que alcance firmeza la resolución.