Ninguno de los trabajadores detenidos en Puertollano por la huelga consta como investigado aunque siguen las diligencias

Ninguno de los 16 trabajadores de empresas auxiliares detenidos el pasado mes de enero por la Policía Nacional por su presunta participación en los hechos acaecidos los días 3 y 4 de noviembre en las inmediaciones del complejo petroquímico de Puertollano (Ciudad Real) durante la huelga del metal ha sido puesto a disposición judicial y, consecuentemente, ninguno de ellos consta como investigado, según han precisado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Las mismas fuentes informan de que en el marco de las diligencias previas que instruye la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puertollano, plaza número 3 (antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción) sólo figura, en este momento, un investigado, «que lo está desde noviembre de 2025», por su presunta participación en los hechos.

Por tanto, hasta la fecha ninguno de los 16 detenidos en enero aparece como investigado en el procedimiento judicial, si bien «todo queda a expensas del desarrollo y resultado de la investigación judicial», que sigue su curso, por presuntos delitos de desórdenes públicos, daños, atentado a agentes de la autoridad, amenazas, coacciones y detención ilegal.

Los 16 trabajadores de las empresas contratistas de Puertollano fueron detenidos en un operativo de la Policía Nacional los días 20 y 21 de enero, algunos incluso esposados en sus puestos de trabajo de las empresas del complejo petroquímico. Además, el sindicato CCOO informó de que las empresas principales bloquearon los pases de acceso a algunos de los detenidos.

Los dirigentes de CCOO de Castilla-La Mancha han iniciado la campaña de protesta ‘Huelga no es delito’ ya que, a su juicio, con estas detenciones las instituciones y empresas de Ciudad Real pretenden «criminalizar» el derecho de huelga en una escalada de «política del terror y caza de brujas» para amedrentar a la clase obrera en el libre ejercicio de sus derechos fundamentales, «alterando así la normalidad democrática».