La SEE alerta de que en C-LM sólo el 0,05% de los abortos se realizan en centros públicos

MADRID/TOLEDO 15 Dic. –

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha publicado un posicionamiento en el que analiza la desigualdad territorial en el acceso al derecho al aborto en España, destacando especialmente la situación de la Comunidad de Madrid, donde la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) presenta una externalización extrema; solo el 0,47 por ciento de los procedimientos se realizan en centros públicos.

Además de la Comunidad de Madrid, la Sociedad destaca la situación negativa en este aspecto en otras regiones, como Extremadura, Ceuta y Melilla, donde el 0 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros públicos. A estas les siguen Andalucía (0,03%), Castilla-La Mancha (0,05%) y Murcia (0,93%).

«Madrid representa un caso paradigmático de esta disparidad: con una provisión casi exclusiva de los servicios de IVE a través de la red privada, y una participación mínima de la sanidad pública; que ha provocado barreras estructurales que impactan de manera desproporcionada en las mujeres con menores recursos económicos. Esta situación compromete el derecho a la salud, y también perpetúa las inequidades de género y socioeconómicas», señala el Grupo de Trabajo sobre Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud (GEyDIS) de la SEE en su posicionamiento.

Asimismo, la SEE subraya que solo la Comunidad de Madrid ha presentado una negativa explícita del cumplimiento del registro de objetores. «Lo que refleja cómo una política sanitaria deficiente puede desvirtuar un derecho reconocido legalmente, convirtiéndolo en un privilegio condicionado por el territorio, los recursos y la ideología», apunta.

Para la SEE, la dificultad de acceso a la IVE trasciende la mera gestión sanitaria para convertirse en un «problema de equidad de género». Así, indica que el acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva es un pilar esencial para la igualdad, al permitir a las mujeres ejercer control sobre sus cuerpos, sus decisiones reproductivas y sobre sus proyectos de vida.

«La falta de implementación efectiva de este derecho puede constituir una forma de discriminación por razón de sexo, al impedir que las mujeres ejerzan su autonomía reproductiva en condiciones de igualdad», añade.

En este punto señala que las restricciones o dificultades en el acceso afectan «de forma desproporcionada» a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad: mujeres con recursos económicos limitados, migrantes, jóvenes y aquellas en situación de precariedad. «Al limitar su autonomía reproductiva, estas barreras perpetúan patrones históricos de control y subordinación, restringiendo su capacidad para participar plenamente en la vida social, económica y política», agega.

En este contexto, afirma que la falta de acceso efectivo a la IVE en la sanidad pública constituye una vulneración de los derechos de las mujeres y una consolidación de las desigualdades de género.

La SEE asegura que, desde la perspectiva de los derechos humanos y la justicia de género, garantizar el acceso a la IVE es una obligación jurídica, ética y sanitaria, y no una opción ideológica.

La falta de integración pública, el rechazo al registro de objetores y la externalización sistemática configuran una vulneración estructural del derecho a la salud y a la autonomía reproductiva de las mujeres, apunta.

Por todo ello, insiste en que garantizar el acceso efectivo a la IVE es una «obligación legal» y una «condición esencial» para lograr la igualdad entre mujeres y hombres.